Miércoles, 19 Sep,2018

Opinión / JUL 31 2018

Ley de páramos: donde ciencia y política se redefinen

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El pasado sábado 28 de julio, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y acompañado por la comunidad indígena Mamos, el saliente presidente de la república, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley de Páramos. Con esta ley, concebida, presentada y defendida por el representante a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales, se busca “establecer como ecosistemas estratégicos los páramos, así como fijar directrices que propendan por su integralidad, preservación, restauración uso sostenible y generación de conocimiento”. La concepción de los páramos como “territorios de protección especial que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, así como aspectos sociales y culturales”, traduce un ejercicio de reducción de la brecha, aparentemente insuperable, que ha separado la ciencia y la política. La primera, ocupada en comprender la naturaleza, la segunda, encargada de atender los asuntos de la vida social; no obstante, ambas componen los aspectos básicos de la vida pública, esto es, representan los dos bienes públicos fundamentales.

Desde el punto de vista científico, las funcionalidades ecológicas de los ecosistemas de páramos son múltiples y esenciales para la vida en la tierra. Entre estas funcionalidades hay dos particularmente importantes en materia de políticas de preservación del medio ambiente: el almacenamiento de carbono y la provisión de agua de ríos, quebradas, lagos y lagunas. De estas fuentes  hídricas dependen ecosistemas y socioecosistemas ubicadas a más bajo nivel de altitud. De hecho, toda el agua de consumo humano en la región andina colombiana proviene de los páramos. De los páramos proviene también el agua que irrigan campos cultivados y que alimenta hidroeléctricas. Así, no es exagerado decir que la mayoría de pueblos y ciudades en Colombia dependen de la preservación del potencial evolutivo de los ecosistemas de páramos. Y esta preservación depende, a su vez,  de una ley que la haga posible.  

En este contexto, la Ley de Páramos supone una profunda redefinición de la actividad científica, en tanto la reintegra en el juego normal de la sociedad, y de la actividad política, comprendida ahora como la elaboración progresiva de un mundo común, el mundo de la vida. En esa redefinición de ciencia y política está la clave para preservar el potencial de co-evolución socioeconómico y ecológico de nuestros territorios.  

Esperamos que los decretos que reglamentaran la Ley de Páramos logren superar el problema de la financiación de actividades que permitan su plena implementación. En este aspecto el desafío es grande. En ecosistemas de páramos no sólo se requiere una reconversión de actividades de alto impacto ambiental a aquellas de bajo impacto, sino también una transición ecológica de cualquier actividad económica que en estos ecosistemas se lleva a cabo. 

Finalmente, muchas gracias al representante Luciano Grisales por pensar en las generaciones futuras (en los que no han nacido), es decir, por hacer política en función de los que aún no pueden votar; mi hijo de tres años, y su descendencia, si llegara a tenerla, también se lo agradecerá.

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