Domingo, 23 Sep,2018

Opinión / AGO 19 2018

Motivos del Proyecto Hoowarr

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Definitivamente, la prevención del delito de lavado de activos, financiación del terrorismo y el soborno transnacional constituye la mayor preocupación de los estados desarrollados, además, de una multiplicidad de delitos que la nueva transformación del crimen ha permeado en las empresas, los cuales han llegado al convencimiento de la necesidad de responsabilizar a nivel legal a las personas jurídicas. Los escándalos de corrupción tanto nacional como internacionales demuestran que los bienes jurídicos colectivos son afectados por personas jurídicas. Hoy por hoy, no queda duda de que existen empresas delincuentes.  

Esa iniciativa, responde a la tendencia internacional imparable y compromisos asumidos por Colombia para considerar regular la responsabilidad de las personas jurídicas: La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; la Convención para combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico; las 40+9 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, resulta necesaria como la medida más eficaz para combatir la corrupción. Existe claridad que el incremento de penas no es una respuesta eficaz en contra de los delitos. La compleja criminalidad empresarial no se resuelve con incremento de penas. La empresa ocupa un papel central. Un mundo que necesita de la colaboración privada que apueste por la autorregulación a través del Compliance que tuvo su nacimiento en EE.UU. en los años 70 y 80 tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías.

Es con la OCDE firmada en 1997 que se establece como ilegal el pago de soborno transnacional y recomienda a todos sus países miembros que así lo prohíban, a través de la responsabilidad de las empresas, conforme eso sí a los principios jurídicos de cada país, sea penal, civil o administrativa. El Compliance desde nuestro punto de vista es un derecho fundamental.

El objetivo del proyecto es cumplir con una armonización por compromisos internacionales y la tendencia pragmática del derecho penal. Las empresas deben adoptar medidas de autorregulación y ser más responsables.  

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