Jueves, 15 Nov,2018

Opinión / SEP 11 2018

Nefasta dosis personal

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En un hecho controversial, el gobierno de Iván Duque, inició un proceso de socialización del borrador del decreto que busca reglamentar el decomiso de la dosis mínima de sustancias sicotrópicas y alucinógenas; según la norma, allí se compendia todo el protocolo legal que deben adoptar los policías para incautar los diversos tipos de sustancias sicoactivas. La ley propone la incautación inmediata de drogas, aún si quien la porta tenga una dosis mínima, la cual en la actualidad es permitida a personas adictas; juristas expertos en el tema argumentaron que, para penalizar la tenencia y consumo de la dosis mínima, había que modificar la constitución, ya que es ley de la República; hay quienes opinan lo contrario. Pero el tema alcanzó su punto más crítico cuando la ministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, publicó en la cuenta del ministerio que “los médicos no pueden expedir recetas de drogas que no son legales. Para demostrar que es un adicto, la persona puede acudir al testimonio de sus padres. La Policía en el proceso verbal, definirá si le cree o no. Vamos a sacar las drogas de las calles”. Es evidente que la titular de justicia en Colombia ha trivializado un tema que es de enorme trascendencia para la comunidad en general, quizás por desconocimiento del mismo o porque su especialización en derecho administrativo, no le deja observar con claridad la línea jurisprudencial penal. Es interesante recordar que la ley 30 de 1986, de estupefacientes, sancionaba con multas y detención a quien llevara para su uso cualquier tipo de sustancias alucinógena en cantidad considerada como dosis personal. La misma normativa, ordenaba que “el usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez, será internado en establecimiento siquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto”. Esa norma era muy completa porque, disponía que, la autoridad podría dejar al drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de esta, a una clínica, hospital o casa de salud, para el tratamiento que corresponda; el médico tratante debía informar periódicamente a la autoridad sobre el estado de salud y rehabilitación del adicto. 

Es claro que se trataba de una excelente norma, pues el trato para quien portaba o comercializaba la droga no era el mismo, que el establecido para el consumidor. Pero la corte Constitucional la declaró inexequible mediante la Sentencia C221 de 1994, porque a juicio de la alta corte vulneraba el libre desarrollo de la personalidad, como si la droga no causara los más terribles efectos de despersonalización a los consumidores. Es por eso que la propuesta de Iván Duque, es pertinente y se debe tomar con seriedad, pues el policía al sorprender a un ciudadano con dosis mínima, al estar facultado para exigir la prescripción médica, simplemente hace cumplir la norma y procederá coherente con la misma. Es un paso definitivo para frenar el microtráfico que está convirtiendo a Colombia en un País consumidor.

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