Miércoles, 18 Sep,2019
Opinión / DIC 10 2018

No al Grupo Aval

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Quedé asombrado que a la campaña de @mafecarrascal, una joven ciudadana colombiana a quien no conozco personalmente sino a través de una campaña digital que lleva el título de esta columna, la haya amenazado la superintendencia financiera, la vicepresidenta de la República con denuncia ante la Fiscalía. Prácticamente todo el aparato estatal contra una ciudadana común y corriente quien expresa en un video que circula por las redes, estar indignada por los “escándalos de corrupción en los que presuntamente está implicado el Grupo Aval propiedad del multimillonario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Dice mafecarrascal en su video que en este escándalo “sobornaron funcionarios para conseguir contratos, financiaron campañas presidenciales, se le caen los puentes que dejan víctimas y aquí no pasada nada, la indignación de ver todavía en su cargo a un fiscal que se investiga así mismo, pero además que lo hace en un caso que involucra a su excliente, el Grupo Aval”. Como una manifestación de su indignación, mafecarrascal invitó a los ciudadanos a cancelar sus productos financieros con el Grupo Aval y a trasladar sus pensiones de Porvenir a Colpensiones.

El mundo se le vino encima. Cuenta ella que “tres días después el superintendente financiero anunció medidas legales contra quienes promovieron esta causa; luego la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, salió dos días después del anuncio a apoyar la amenaza del superintendente y a pedirle celeridad al fiscal”. 

Se pregunta la ciudadana ¿por qué una denuncia penal por una protesta legítima justa y pacífica? Y proclama “que los ciudadanos somos libres de elegir cuándo, cómo y qué consumir”. Me siento sensibilizado e identificado por una campaña limpia, razonable y contundente como la de esta ciudadana, y me parece indignante que sus denuncias sean objeto de amenaza por instituciones y altos funcionarios dedicados a defender los intereses de los grupos y personas más poderosas del país. 

Si por un lado, el mercado convierte las personas en consumidores y exacerba el individualismo, por el otro, la ciudadanía convoca en el ámbito de lo público a acciones colectivas. Este conflicto ha permitido que surja la categoría del ciudadano- consumidor, es decir, aquel que decide no comprar ni consumir productos en cuya elaboración estén comprometidas formas de corrupción, sobreexplotación del trabajo y destrucción del medio ambiente.

Así que, la amenaza contra esta campaña, igual que la de educar consumidores contra la comida chatarra y las bebidas azucaradas, las consultas previas y populares contra el extrativismo por parte de las cortes, el conejo al plebiscito anticorrupción en el Congreso, el deseo de regular las movilizaciones sociales anunciadas por el ministro de la defensa y la intransigencia del presidente para atender las peticiones del reciente movimiento universitario, demuestran el temor que las élites dirigentes le tienen a la profundización de la democracia.

Estos hechos muestran que en Colombia ha existido una democracia sin demócratas y que están dispuestos a combinar todas las formas de lucha para impedir la participación democrática. 


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