Miércoles, 19 Sep,2018

Opinión / SEP 07 2018

POT y crisis

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

De nuevo me refiero al excelente documento publicado por el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Estado de las principales variables municipales que inciden en el ordenamiento territorial y en los POT formulados entre 2000 y 2017”. Allí se subraya que “...las revisiones de los POT en el marco de los principios que estableció la ley 388 de 1997 deben tener en cuenta 3 dimensiones del ejercicio: la técnica, la política y la participativa...”

Dice el documento que la dimensión técnica debe recoger y adoptar “... información técnica suficiente, relevante y cualificada, además de normas claras, sencillas y aplicables que resuelvan las necesidades territoriales y que sean sostenibles en el tiempo”. Quiere decir que información incompleta u obsoleta no garantiza una revisión idónea de un POT, por más seriedad y capacidad académica de los profesionales a cargo. 

Por su parte, la dimensión política se manifiesta en la impajaritable articulación vinculante que debe existir entre los POT con los planes de desarrollo de las administraciones municipales. Esto por cuanto los POT no son solamente resúmenes de disposiciones normativas sino que apuntan a su obligatoriedad y cumplimiento y por tanto son asuntos innegables de voluntad política. “Para cumplir con lo anterior, es importante garantizar procesos de gestión, haciendo énfasis en que se continúen las líneas estratégicas durante varias administraciones... En términos de la competencia política es fundamental reflexionar que además de la generación de consensos entre los distintos tipos de intereses en el territorio bajo los principios constitucionales y legales como la prevalencia del interés general sobre el particular —función pública del urbanismo—, los POT deben ser prospectivos en vez de reactivos: buscar la reducción de las desigualdades y fomentar la justicia espacial haciendo frente al urbanismo reduccionista y a la lógica de la ganancia localizada”.

Ahora bien, con respecto a la dimensión participativa, el documento hace énfasis en los retos de las autoridades de planeación participativa —Consejos Territoriales de planeación municipales, distritales y departamentales, Crot y COT— para enfrentar la revisión de los POT en el entendido fundamental que el ordenamiento territorial solo es útil si tiene como objetivos el cierre de brechas y la inclusión social, proponiendo e implementando “...modelos de ocupación que generen y consoliden un modelo distinto de relacionamiento sociedad-territorio” que superen el poco ético concepto que los POT lo construyen los dueños del suelo para su exclusiva rentabilidad.

El próximo viernes abordaré muy rápidamente los temas del ordenamiento rural, la gestión ambiental y la gestión del riesgo, temas muy poco desarrollados en la primera generación de los POT.

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