Domingo, 15 Sep,2019
Opinión / MAY 29 2016

Reflexiones sobre un plebiscito

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

El 26 de mayo la Corte Constitucional celebró la audiencia pública dentro del proceso que adelanta para juzgar sobre la constitucionalidad del proceso de ley estatutaria que regula un plebiscito especial, que se convocaría para aprobar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, pactado por el Gobierno con el grupo narco terrorista de las Farc. Participé en esa audiencia, invitado como interviniente en el mencionado proceso.

Sostuve, como lo he hecho siempre, que ese proyecto contraría la Constitución, que prevé una sola clase de plebiscitos, diferentes al que ahora se han inventado. Por ejemplo, según la Constitución, la participación de los ciudadanos tiene que ser superior al cincuenta por ciento (50%) del censo electoral, es decir, de la totalidad de ciudadanos en capacidad de votar.

En este plebiscito especial se rebajaría al 13% + 1. Lo que implica, ni más ni menos, que la voluntad de una minoría (el13%+1) primaría sobre la de más del 86%, pues la respuesta al plebiscito ganaría si los primeros votarán por el SÍ y los segundos se abstuvieran o votaran minoritariamente por el NO. La Corte ha sostenido que en el plebiscito la abstención equivale al NO.

De otra parte, destaqué una disposición peligrosa para la libertad de información, consagrada en el artículo 20 de la Constitución que prohíbe la censura. En el proyecto de ley estatutaria especial, por el contrario, se impone la censura. Veamos.

El artículo 5º regula lo referente a la difusión del Acuerdo de La Habana, durante por lo menos 30 días anteriores al que se señale para el plebiscito. Los literales d), e) y f) obligan a los servicios de la radiodifusión sonora comercial y comunitaria, lo mismo que a los canales de televisión pública y privada; a publicar diariamente, por cinco (5) minutos, en horario de máxima audiencia, la información o propaganda que el Gobierno les entregue sobre el plebiscito.

Al parecer, para quienes intervinieron en esa audiencia éste es un tema sin importancia, pues no se refirieron a él. No, yo pienso que es de la mayor gravedad.

La doctrina y jurisprudencia sobre la libertad de información, han determinado que hay censura cuando un gobierno prohíbe una información y también cuando obliga a publicar determinada información.

El dueño o responsable del medio de comunicación, decide libremente si informa sobre un hecho o se abstiene de hacerlo.

En el caso de los concesionarios de la radio o de la televisión, son ellos los que resuelven cómo informan o sobre qué informan.

Al arrebatarles cinco minutos diarios, prácticamente se les están expropiando esos minutos, sin indemnización previa.

Sería un quebranto ostensible del artículo 58 de la Constitución que garantiza el derecho de propiedad y los demás derechos adquiridos de conformidad con la ley. 

El concesionario de un canal de televisión es un empresario. Su libertad está consagrada en el artículo 333 de las Constitución. Si la Corte abre esta Caja de Pandora, todo será posible: mañana, invocando otro motivo relacionado con la paz, el Gobierno podría obligar a otros empresarios a entregar cualquier clase de bienes para los desmovilizados de las Farc. Vestidos, herramientas, máquinas, todo podría servirles a juicio del Gobierno.

Al término de mi intervención, advertí.
“La paz, como todos los bienes, tiene un precio. Pero ese precio no puede ser la transgresión de la Constitución. Al recibir mi grado como abogado, juré defender la Constitución y las leyes de la república. Jamás he faltado a ese juramento. A estas alturas, no tendría justificación ni excusa para incumplirlo.”

Los argumentos “suprajurídicos” de Santos.
Finalmente, quiero comentar algo dicho por el presidente Santos en esa audiencia. Según él, concurrió para exponer ante la Corte sus argumentos “suprajurídicos”, en defensa del plebiscito. Es difícil pensar en algo más equivocado.

La Corte Constitucional guarda la integridad y supremacía de la Constitución. Ésta es la norma de normas y, por decirlo así, resume todo el ordenamiento jurídico.

Un argumento suprajurídico es el que está por encima del orden jurídico, en todo caso, fuera de él. La Corte no puede tenerlo en cuenta para declarar si una norma se ajusta a la Constitución o la contradice.

Por eso es un despropósito exponerlo, un irrespeto, mencionarlo.


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