Lunes, 19 Nov,2018

Opinión / AGO 05 2018

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Una reforma sustancial que debiera abordar el país es la de eliminar cualquier mecanismo que facilite la continuidad de vicios en el ejercicio de la actividad política por parte de grupos proselitistas que hayan defraudado en la persona de sus candidatos elegidos a los cargos públicos, la confianza de sus electores.

Esto a propósito de los casos que afrontan Armenia con su alcaldía y el departamento con la CRQ, luego de quedar al descubierto evidentes casos de corrupción con dineros aportados por los ciudadanos y desviados hacia intereses particulares y de clara manifestación de mafia politiquera. El asunto es: Si un movimiento partidista oficial  a través de sus dirigentes orquestó la forma de alcanzar el fervor popular a base de triquiñuelas, exigencia de contratos amañados para luego, “recuperar” multiplicados los dineros invertidos en campaña, debería por ley, no sólo generar la pérdida de la investidura al candidato elegido o destitución del funcionario respectivo, sino también perder el derecho a llevar a otro representante suyo a ocupar la posición. Es que los pecados no son sólo de ellos, como en los casos de Carlos Mario Álvarez y de John James Fernández, el primero ingenuamente envuelto en una trampa delincuencial previa a su nominación y elección y el segundo atendiendo corruptas exigencias de sus jefes políticos. También lo son  de sus colectividades y por tales razones, es obvio que igualmente respondan por lo sucedido. Quién o qué le puede garantizar a la ciudad o al departamento que las personas que lleguen, postuladas por los grupos partidistas que los defraudaron a través de sus directivos no vayan a continuar la misma senda siguiendo directrices de tales personajes torcidos y tramposos,  tratar de impedir que la justicia efectivamente se manifieste como debe ser y de paso propicien su retorno al poder que han defraudado. Es triste que las dos reconocidas mujeres y sus torcidas parejas, luego de hacerles tanto daño a la ciudad y al departamento, pretendan continuar apoderadas a través de otros personajes de los recursos públicos que a todos pertenecen.

Es la realidad politiquera que se evidencia con la postulación de una terna para la alcaldía representante de la detenida antecesora del cargo y con alcaldes comprometidos con la inhabilitada y mil veces cuestionada exgobernadora que buscan llevar a la dirección de la CRQ y luego también a la EPQ a personajes de su exclusivo interés particular.  Un buen precedente sentaría el gobernador, Carlos Eduardo, devolviendo la terna propuesta para la alcaldía, presentada  además de forma extemporánea y que a la CRQ en proceso de elegir nuevo director, llegase alguien digno de la posición, que de seguro lo tiene la región. 

@Alarce4

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