Martes, 13 Nov,2018

Opinión / AGO 08 2018

¿Se puede?

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

El desastre de ocho años recientes de historia colombiana puede tasarse desde diversas vistas. En lo económico, asunto vertebral y transversal en la vida de los países, basta dar un vistazo a cifras macro, a indicadores claves, para comprender la magnitud del bárbaro festín. Desbalance comercial externo: exportaciones a la baja y en alza la dependencia del país respecto a la oferta exterior; caída de la producción industrial, del agro, tasa de cambio estática por efecto del dólar narco, monstruoso sobreendeudamiento, el no futuro del recurso petrolero, parálisis infraestructural, crecimiento menos que mediocre, amenazantes déficits, entre otros efectos, oscurecen la perspectiva socioeconómica y plantean retos tremendos al gobierno entrante. 

Sin embargo, con todo y su importancia, lo traducido a cifras o indicadores no constituye el más nefasto legado de la era Farc-Santos. No susceptible de medición, pero con definitiva incidencia en el discurrir nacional futuro, a nuestro modesto sentir, es la demolición del marco ético en la concepción y acción de gobierno, trasladado al criterio individual, al comportamiento ciudadano, el peor componente de la debacle. Toda talanquera, todo límite moral, en la alocada búsqueda de una paz artificiosa candidata a premio Nobel, fueron derruidos, en función de ambiciones personales, sin considerar daños colectivos emergentes. Aceptable, plausible, resultó entonces y resultará en el futuro, resignar la justicia, los códigos penales, la dignidad y legitimidad del Estado, a favor de grupos delincuenciales con pretexto político; emplear recursos públicos para comprar conciencias y medios de información; otorgar impunidad, inmunidad, curules en el Congreso, e ilimitados recursos financieros, a quienes lo agredieron durante décadas, a contumaces ejecutores de toda suerte de delitos de lesa humanidad, a quienes hicieron del narcotráfico colombiano un referente mundial. Ese estigma, sus horrendas consecuencias en las realidades presentes y futuras, son parte de la herencia del desgobierno que ayer, por suerte, culminó.

Se nos propone ahora, como extraño aperitivo para una nueva era política, expresarnos, mediante costosísima consulta —vale más de $300 mil millones—, en contra de la corrupción; junto con el narco, los más graves males de nuestra nacionalidad. Pero acaso, ¿alguien puede estar de acuerdo con la corrupción? En principio parece pregunta inane. No obstante, y en referencia a la dinamitada ética, surgen dudas. Van algunas: ¿Se puede estar de acuerdo con la impunidad, pero combatir la corrupción? ¿Se debe atacar la corrupción, pero ser laxos con los narcocultivos y el narcotráfico, destructores de vidas en el mundo? ¿La consulta promovida por la verde pareja afectiva-parlamentaria, siempre defensora de los pactos de impunidad y permisividad con el narco, sí vale, pero la realizada en octubre de 2016, con carácter plebiscitario, vinculante para las partes, cuyos resultados fueron en contra de esos dos perversos factores, no valió? ¿Por qué no se incluyó en la consulta la eliminación de los ‘cupos indicativos’, fuente principal de mermelada ejecutiva-legislativa? ¿No votar la consulta implica cohonestar la corrupción?

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