Sabado, 17 Nov,2018

Opinión / AGO 07 2018

Tribunal ambiental, prioridad

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De acuerdo con los teóricos del derecho ambiental en el mundo, el daño ambiental se puede clasificar en dos escalas de acuerdo con su grado de afectación que logra impactar, por lo que se habla de daño puro, cuando este influye negativamente de forma directa al medio ambiente y sus recursos naturales y no tiene en cuenta otros aspectos alternos que se puedan vincular; y aparece el daño impuro que se da, cuando están involucrados otros elementos como la vida, el patrimonio humano, además de los componentes sociales y culturales. 

Aunque en Colombia existe una sólida normativa para la protección de los recursos naturales, son muy frecuentes los daños a la biodiversidad y al medio ambiente, por lo que la lucha contra la degradación ecológica se debe focalizar en lo local, regional, nacional y transnacional; lo que en derecho bien se puede denominar ‘la territorialidad del ordenamiento jurídico’, para el adecuado desarrollo de procesos que garanticen realmente la protección del medio ambiente. Pues si tenemos en cuenta que, en términos normativos, el daño ambiental se tipifica cuando una actividad afecta negativamente el normal funcionamiento y desempeño de los ecosistemas o impide la capacidad de renovabilidad de los recursos naturales y cuando esas acciones desencadenan alteraciones de los ecosistemas en una clara amenaza para el bienestar y la salud de las personas.

Es así que, ante la evidente lentitud en la aplicación de las normas ambientales, son crecientes las actividades en contra del patrimonio ambiental como la deforestación, la defaunación, la desertificación de la tierra, los cambios drásticos en los usos del suelo, la excesiva contaminación del agua y por supuesto el cambio climático; y es que esa paquidermia para establecer responsables de delitos contra los ecosistemas y los recursos naturales, se debe a que, la mayoría de quienes están al frente de las entidades rectoras del medio ambiente, al momento de emitir juicios de valor sobre un daño fiscal ambiental, no cuentan con los elementos necesarios que les dé la certeza para adecuadas toma de decisiones; es decir entidades como las Corporaciones Autónoma Regionales y otras con poder sancionatorio, fundamentan sus medidas, solo cuando los daños que se investigan se caracterizan por su anormalidad cuantificable y medible en su magnitud, y creen que esos daños se pueden resarcir mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por los responsables del daño ambiental; pero el problema allí, es que con este modelo siempre queda por fuera la responsabilidad fiscal de los depredadores del medio ambiente, que generan daños a futuro, como consecuencia de actividades presentes, desconociendo que efectivamente pueden existir daños ciertos, en un cercano futuro a partir de la evaluación del impacto ambiental.

Es por eso que se hace urgente crear un tribunal ambiental, centrado exclusivamente en medidas resolutorias a través de básicos principios jurídicos como el de prevención, y especialmente el de precaución; y penales condenatorias con toda su capacidad normativa, cuando sea necesario, con medidas audaces de cierre de procesos a favor del medio ambiente.

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