Domingo, 15 Sep,2019
Editorial / AGO 24 2019

Ver de verdad

El primer anillo de veedurías, sin duda, debería ejercerlo el Concejo Municipal, pero este tipo de control político se ha degradado tanto que ha quedado reducido a la seducción de la mermelada o los ‘acuerdos políticos’ de no oposición, silencio neutral y mucho de ‘bendición’.

Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

La Ley 850 de 2003 que reglamenta las veedurías ciudadanas es una institución jurídica que contempla las reglas específicas para su creación, los principios democráticos que rigen su organización interna, sus restricciones y limitaciones así como las condiciones y herramientas especiales para que los ciudadanos ejerzan la función de vigilancia y control. Esta ley —expedida en 2003— ha tenido una implementación diversa y múltiples interpretaciones tanto de ciudadanos, como de entidades públicas, organismos de control y personerías municipales.

Con la expedición de la carta política de 1991 se constitucionalizó el tema de la participación ciudadana y el control social a la gestión pública mediante los artículos 1034 y 2705. El Congreso de la República reguló los mecanismos de participación ciudadana a través de una ley estatutaria, la Ley 134 de 1994, norma que en el artículo 100 establece “Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos”.

Son pocas las veedurías que en nuestro territorio han asumido su papel y misión a cabalidad y son muchas las que están en mora de rendir cuentas a la opinión pública sobre sus avances y logros en la defensa del interés público. Néstor Fabián Herrera, hoy aspirante al Concejo, es de los pocos líderes de veedurías ciudadanas que ha adelantado una labor infatigable con los seguimientos, monitoreos, denuncias, quejas y reclamos propios del devenir de la agenda pública. Hay veedurías que puntual y focalmente han ayudado a desenmascarar asuntos del interés ciudadano, pero falta en nuestro territorio promover y masificar el papel de las veedurías, especialmente en tiempos tan convulsionados por la corrupción.

El primer anillo de veedurías, sin duda, debería ejercerlo el Concejo Municipal, pero este tipo de control político se ha degradado tanto que ha quedado reducido a la seducción de la mermelada o los ‘acuerdos políticos’ de no oposición, silencio neutral y mucho de ‘bendición’.

Vital que las veedurías, como lo hace Primero la gente puedan informar y desplegar a la opinión pública lo que ha sido su trabajo durante estos años de manera que esos insumos sirvan para que la ciudadanía tome mejores decisiones el próximo 27 de octubre.

 

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