Martes, 18 Sep,2018

Opinión / AGO 29 2018

¿Y el derecho al trabajo?

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Mi admiración por los activistas sinceros de los derechos humanos; por quienes defienden libertades, garantías, privilegios, individuales o de grupo, acordados por nuestros congéneres en declaraciones de consenso entre las naciones del orbe, por el único hecho de ser parte del conglomerado humano.

El intocable bloque de derechos civiles y políticos garantizan la participación de colectivos e individuos en el discurrir de los países, en condiciones de igualdad y seguridad, sin importar factores étnicos, de edad, género, creencia o filiación. Por ello es corta cualquier expresión de repudio y condena hacia atentados contra la vida e integridad de aquellos y precario también el reclamo ciudadano por el esclarecimiento de crímenes y atentados en su contra. Sentimiento extensivo hacia los ecologistas no extremos, defensores a su vez de valores medioambientales, quienes reclaman una relación de equilibrio consciente entre el uso racional de recursos naturales y su preservación.

La lista de activismos, de promotorías con causas altruistas, defensores de la vida, de la sociedad en general o de un sector específico, es extensa. Animalistas, antitaurinos, opositores del extractivismo, de la explotación irracional de recursos naturales no renovables, de la foresta industrial, de cultivos intensivos y extensivos, de la emisión de gases y residuos tóxicos, para citar algunos apenas; personeros de grupos étnicos, de género, entre otros, hacen parte de aquella. Toda manifestación colectiva, desde luego, se enmarca en el inalienable derecho al pensamiento, a la expresión del mismo, y representa en su conjunto la esencia de la democracia; por supuesto debe rodearse de garantías, de seguridad, por parte del Estado, además de ser escuchada y tenida en cuenta.

Se percibe en cambio un inexplicable vacío en cuanto toca con la defensa y promoción de ciertos derechos y valores, de alguna manera antagónicos con otros de menor categoría e incidencia, en el devenir del país y de sus habitantes. Un claro ejemplo es el derecho al trabajo. “Toda persona tiene derecho al trabajo, así como a su libre elección. También se tiene derecho a la misma remuneración por un mismo trabajo realizado”, reza uno de los textos fundamentales de los DD. HH. Sin embargo, y mirado con detenimiento, ese derecho, del cual se derivan otros subsidiarios no despreciables como alimentación, vivienda, recreación, se ha venido subordinando, viene siendo ‘cercado’ por un enfoque negativo de la actividad laboral en múltiples campos, reduciendo cada vez más los nichos ‘lícitos’ o permisibles de productividad.

El Quindío en particular padece la tragedia social del desempleo. Durante varios años venimos liderando las estadísticas de desocupación e informalidad laboral, sin esperanzas ciertas de superación del fenómeno. Cualquier estrategia seria se estrella con limitantes en cuanto a las supuestas ‘vocaciones’ regionales que excluyen la industria, la minería, la agricultura intensiva —muy a pesar de la tradicional caficultura—, entre otras alternativas, condenando a los quindianos a la eterna pobreza. ¡A revisar paradigmas!

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