Lunes, 23 Sep,2019
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Entre la adopción altruista y la explotación comercial

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El representante a la cámara Julián Peinado Ramírez, perteneciente al partido liberal, presentó un proyecto de ley por medio del cual busca que se autorice la adopción desde el vientre materno, con el objetivo de otorgar opciones a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo no deseado. Claramente, este procedimiento no es una maternidad subrogada o “alquiler de vientres”, a través del cual una mujer - sujeta a un acuerdo - decide gestar un niño con el fin de entregarlo después de nacer a quien se lo encargó. Por el contrario, dicha propuesta pretende abrir la puerta para que las mujeres, mayores de edad, tengan mecanismos legales alternativos al aborto de su hijo no deseado.

La gestación subrogada ya fue tema de debate en el Congreso de la Republica de Colombia, donde algunos de sus miembros, como María del Rosario Guerra y Santiago Valencia, consideraron que esta práctica vulneraba los derechos humanos de las mujeres y de los no nacidos. Tan es así que los congresistas radicaron un proyecto de ley en el año 2016, con el cual buscaban prohibir la maternidad subrogada con fines de lucro en nuestro país. Esto, debido a que dicho procedimiento explota las funciones reproductivas de la mujer y, además, convierte a los bebes en un producto comercial que se puede vender, comprar, devolver o cambiar “si no se satisface al cliente”. Argumentos que, al parecer, no fueron suficientes ya que este proyecto fue archivado en noviembre del 2017.

Más allá de ser un tema controversial en Colombia, es una práctica que necesita salir de la ilegalidad, tanto para los casos de embarazos deseados como para los que no lo son. Respecto a estos últimos, el nuevo proyecto de ley busca otorgar la posibilidad a la mujer de dar en adopción a su hijo no deseado, aún sin este haber nacido, y crear el Programa Nacional de Asistencia Médica y Psicológica para Mujeres en Estado de Embarazo No Deseado.

Dado a que no existe una política pública sobre el tema, esta situación ha generado, entre otras, el aborto clandestino. Como se afirma en el proyecto de ley del representante Peinado, la mujer en este estado de embarazo no deseado “que se encuentra entre las causales de aborto dadas por la Corte[1], no tiene otra opción u alternativa que abortar a su hijo o concebirlo y esperar un mes para dar su consentimiento”, pero aquella que no se encuentra entre dichas causales y desea abortar, acudirá a la clandestinidad.

Si bien es cierto, es importante que el Estado, las familias y las instituciones educativas implementen  una política real, actualizada y efectiva sobre prevención y educación sexual. Sin embargo, la realidad social hoy en día demuestra que se deben crear escenarios alternativos para disminuir este tipo de embarazos en Colombia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud – ENDS 2015 –, el 50,5% de los hijos del total de mujeres encuestadas son producto de embarazos no deseados; y cerca del 10% de ellas “refirió haber tenido una terminación del último embarazo. El 1.1 por ciento de terminaciones correspondieron a interrupciones o abortos inducidos, y 6.8 por ciento a pérdidas o abortos espontáneos”.  Aunque no se sabe con certeza si estos abortos se realizaron de forma clandestina,  la verdad es que este tipo de terminación del embarazo es una problemática de salud pública sin cifras exactas.

Ahora bien, es importante señalar que el proyecto de ley del representante Peinado tiene un objetivo altruista y no de explotación comercial. Pues este pretende modificar el artículo 66 del Código de la Infancia y la Adolescencia con el fin de que la mujer, durante el periodo de gestación, pueda otorgar su consentimiento sobre la adopción de su hijo no nacido y, así mismo, pueda revocarlo hasta un mes después del parto; con la opción de tener asistencia médica y psicológica gratuita durante este proceso.

Eso sí, allí no se planteó la posibilidad que dicha autorización se realice como consecuencia de un pago o contraprestación. Por lo tanto, el “alquiler de vientres” con fines lucrativos no será tema de debate con el presente proyecto.

Sin duda alguna, esta iniciativa se puede convertir en una medida eficaz para disminuir la tasa de abortos clandestinos pero, al mismo tiempo, en una regulación ineficaz frente al tema de adopción de un niño desde su etapa de gestación. Lo anterior, ya que no se considera el tema de la maternidad subrogada en Colombia y, mucho menos, la red de corrupción y procedimientos ilegales que se generan alrededor de este.

Hay que advertir que "el alquiler de vientres" no es una conducta prohibida, pero tampoco es un asunto regulado en nuestro país. Por el momento, solo contamos con la Sentencia T – 968/2009 de la Corte Constitucional, la cual reconoce la maternidad subrogada como una práctica legitima, siempre y cuando, el material genético del niño pertenezca exclusivamente a la pareja que contrató a la mujer para llevar a cabo el desarrollo del embarazo, lo cual se puede lograr gracias a la transferencia consentida de óvulos fecundados. 

Evidentemente, esto pretende garantizar que dicha práctica sea mecanismo para resolver los problemas de infertilidad de las parejas y, además, prevenir que el cuerpo de la mujer sea explotado económicamente, pero no es suficiente para subsanar el vacío legal frente al tema.

Hace 10 años, la Corte puso de manifiesto la necesidad urgente de regular esta cuestión con el fin de evitar, por ejemplo, el alquiler de vientre con fines lucrativos, el estado de vulnerabilidad de  los derechos e intereses del recién nacido; la mercantilización del cuerpo femenino; y los conflictos que se pueden originar ante desacuerdos entre las partes involucradas en el alquiler. A pesar de esto, a la fecha seguimos sin normatividad al respecto. 

Por consiguiente, es de aplaudir el proyecto del congresista Julián Peinado Ramírez por medio del cual plantea un escenario alternativo para las mujeres en estado de embarazo no deseado, propuesta que se debe divulgar y seguir con detalle para que no sea archivada por algunos miembros del Congreso de Colombia. No obstante, debo recalcar que los legisladores están en mora de regular el tema de la maternidad subrogada, porque no pueden seguir ignorando los riesgos que enfrentan las mujeres con una gestación clandestina a cambio de una contraprestación.

 


[1] La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está despenalizada en los siguientes casos: Cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida  de la mujer; cuando exista  grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación), abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida, o de incesto.


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