Editorial / ENERO 18 DE 2021

Los priorizados

Ya es de dominio público la versión de que en la Fiscalía General de la Nación manejan una lista de nombres para los cuales las acciones que esta entidad tiene pendientes deben desarrollarse de forma más ágil y contundente. 

Los priorizados

De quienes tienen la sagrada misión de contribuir con la correcta administración de justicia no puede tolerarse la más mínima duda sobre su proceder. A ellos les obliga una independencia absoluta y estar blindados de cualquier injerencia que pretenda alterar el curso normal de las investigaciones y los procesos a su cargo; cuando estas condiciones no se cumplen, el impacto sobre la moral colectiva es nefasto y la sensación de inestabilidad general cunde.

Por eso es tan grave cuando quienes hacen parte de instituciones como la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Contraloría, la rama judicial y la Fiscalía, por solo citar algunas, se equivocan deliberadamente. Está suficientemente comprobado que la mayor angustia de los colombianos es el daño que produce la corrupción; ni siquiera la pandemia, con todo y los mortales efectos que trae, ha desplazado del primer lugar de las preocupaciones de los colombianos todo el daño que este fenómeno le ha provocado y le sigue generando al país.

A los no pocos reparos sobre el correcto actuar que debería observarse en quienes conforman la institucionalidad pública del país, hay que sumar, de manera particular, las no menores dudas que existen sobre el actuar de la Fiscalía General de la Nación, entidad que tiene la suprema responsabilidad de aportar y sustentar la pertinencia de las pruebas para que quienes han infringido la ley sean castigados como se debe.

Esos reparos no son de ahora, ni infundados porque razones para dudar hay y muchas, verbigracia el doloso y vergonzoso actuar del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Pero, ahora resulta que en la FGN existe eso que han llamado lista de priorizados, conformada por los nombres de personas a quienes les han abierto, con o sin las suficientes pruebas, investigaciones y, sobre los cuales, miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, e incluso empresarios, tienen la posibilidad de incidir.

Muy grave, gravísimo para la estabilidad del país, de estar fundada esta gran preocupación, que el actuar de la Fiscalía y sus recursos -humanos, tecnológicos y logísticos- se usen para presiones políticas. Resulta nefasto para la democracia del país pensar que el poder de la Fiscalía se pueda usar para ajustar cuentas entre actores políticos o para pagar favores a particulares. No menos que repugnante resulta pensar en la posibilidad de que los expedientes del ente perseguidor estén abiertos, por ejemplo, a la mirada malintencionada de congresistas para que éstos los aprovechen para presumir poder, infundir miedo y engrosar la lista de lacayos con la que acostumbran sostener sus empresas políticas.

No le queda bien a la Fiscalía General de la Nación tener, por un lado a su cabeza intentando hacer notar como inmaculada y altamente efectiva la gestión de la entidad que dirige, mientras por el otro gana fuerza el repudio por una práctica tan deleznable como la ya expuesta lista de priorizados y que para el caso del Quindío tiene su propio capítulo. Igual de fastidioso resulta que se diga públicamente, y no pase nada, que tanto la procuraduría regional como la provincial son cuotas políticas del legislativo porque se corre el riesgo de creer que también allí manejan listas de priorizados.

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