Editorial / OCTUBRE 05 DE 2022

Al borde del peligro

Tampoco la vía La Línea se libró de ser ocupada ilegalmente por moradores que terminan, buscando un techo, arriesgando la vida.

Al borde del peligro

Saben los invasores que los alcaldes y demás autoridades locales pocas herramientas legales tienen para frenar la invasión de un predio y por eso actúan como lo hacen. Muy preocupante lo que viene sucediendo a la vera de uno de los carreteables más importantes del país. Mientras se definen responsables para actuar, el número de construcciones artesanales aumenta. En un recorrido que hizo el equipo periodístico de LA CRÓNICA por esta ruta, detectó por lo menos ocho viviendas subnormales que constituyen alto riesgo para quienes allí pernoctan y, claro está, una amenaza ambiental. 

Tanto del Invías como de la alcaldía de Calarcá reconocen la problemática, admiten voceros de las dos entidades la ocupación ilegal de predios en franjas de seguridad vial y zonas de protección ambiental, pero el fenómeno continúa y tiende a aumentar. Cada día que pasa, la normatividad jurídica favorece al infractor, tremenda contradicción: entre más tiempo se lleve cometiendo una falta, más tranquilidad hay para quien actúa al margen de la ley. En Colombia, en nombre del reconocimiento de derechos sociales y económicos se viola el respeto a la propiedad privada. Carta va y carta viene entre Invías y la alcaldía de Calarcá y mientras tanto se siguen invadiendo lotes y construyendo casas, incluso, a centímetros del paso de tractomulas. Qué peligro. 

Preocupa sobremanera que la ilegal práctica de invadir zonas de protección ambiental o lotes privados se haya normalizado. Además de verse como algo cotidiano, las autoridades andan de brazos caídos ante el fenómeno, y es entendible, poco o nada pueden hacer para frenar esta errática costumbre. La norma faculta a los ejecutivos locales para actuar, siempre y cuando no hayan pasado más de 48 horas de la ocupación, vaya garantía y herramienta inútil para evitar que se invada un predio. Por eso, los fines de semana, con lunes festivo incluido, son tan esperados por los invasores; cuando llega el martes y se abren los despachos públicos, ya nada pueden hacer las autoridades y eso lo saben los infractores quienes, además, como ocurre con frecuencia, terminan enfrentándose a la Policía. 

Tendría cada municipalidad que contar con un colectivo de contratistas, numeroso como el que más, trabajando las 24 horas del día y casi que, actuando a manera de vigilantes de compañía privada de seguridad, para dar aviso oportuno a la Policía y que esta actúe y desaloje a quienes pretenden invadir. Eso no va a pasar. Tal como está la normatividad jurídica en Colombia, los invasores tienen más posibilidades de lograr su cometido que de fracasar, por eso, incluso se forman carteles que venden y hasta titulan predios que no les pertenecen. Basta con que un grupo de invasores ponga como escudo a menores de edad o personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, para que ni siquiera la autoridad, actuando antes de que se completen 48 horas después de haber comenzado una invasión, pueda evitar la ocupación ilegal. 

He aquí pues, otra de esas problemáticas que los alcaldes no pueden solos solucionar. Seguirá pasando mientras no haya una normatividad jurídica que lejos de premiar al infractor lo castigue. Democratizar la propiedad no puede entenderse como una patente de corso para perpetuar delitos, generar conflictos sociales, premiar a quien delinque y se lucra de prácticas reprochables, y jugar con la vida de familias enteras como está pasando en la vía La Línea.

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