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Armenia / JUNIO 18 DE 2024 / 3 semanas antes

TAQ anuló acuerdo sobre concesión de servicios de Setta por vicios de procedimiento

Autor : Natalia Trujillo Varela

TAQ anuló acuerdo sobre concesión de servicios de Setta por vicios de procedimiento

Alcaldía de Armenia y secretaría de Tránsito y Transporte no se han pronunciado al respecto.

La Sala Tercera consideró que la exposición de motivos no evidenció una explicación y sustentación clara de las problemáticas de movilidad y congestión vial, ni otras problemáticas que exigen atención de Setta y tampoco se aportaron evidencias al respecto.

Este lunes se conoció el fallo, a través del cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, declaró la invalidez del Acuerdo No. 302 del 11 de marzo de 2024, emitido por el Concejo Municipal de Armenia. Este acuerdo autorizaba al alcalde a celebrar un contrato de concesión para la prestación de los servicios de tránsito en la ciudad -entre ellos las polémicas cámaras de detección para fotomultas-. La decisión se fundamenta en múltiples inconsistencias y vicios de procedimiento identificados durante la revisión del acuerdo.

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Contexto y Argumentos del Departamento del Quindío

El proceso fue iniciado por la gobernación del Quindío, quien, a través de su secretaría Jurídica, presentó una demanda solicitando la revisión del Acuerdo 302. Entre los principales argumentos presentados se destacaron:

Emisión en día inhábil: El decreto que convocaba a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal fue expedido el domingo 10 de marzo de 2024. La administración departamental argumentó que este día inhábil invalidaba el decreto, dado que no hubo una manifestación previa del ejecutivo declarando el día como hábil.

Falta de estudios técnicos y financieros: El acuerdo carecía de los estudios técnicos, financieros y jurídicos necesarios. No se presentaron estudios de viabilidad, planes locales de seguridad vial, mapas de siniestralidad ni una articulación clara con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. La ausencia de estos documentos impidió una evaluación adecuada de la propuesta.

Ambigüedad en los servicios autorizados: Las facultades otorgadas al alcalde eran imprecisas. Aunque se listaban ciertos servicios, no se especificaban claramente los términos y condiciones para cada uno. Esto contravenía el requisito de precisión establecido en la normativa.

Incongruencia entre el título y el contenido del acuerdo: El título del acuerdo sugería la concesión de todos los servicios de tránsito, mientras que el artículo primero solo mencionaba algunos. Esta discrepancia generaba una falta de coherencia interna en el documento.

Plazos Insuficientes: El acuerdo estipulaba un plazo de seis meses para la celebración del contrato de concesión, lo cual fue considerado insuficiente para completar todos los estudios y autorizaciones necesarias, incluidos aquellos regulados por la Ley 1843 de 2017 y la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Incoherencia con el plan de desarrollo: El acuerdo no estaba alineado con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y no consideraba adecuadamente el Plan de Desarrollo 2024-2027, porque ni siquiera había terminado de construirse, lo cual es crucial para un proyecto de concesión con una duración de quince años.

Falta de estudios de financiación del centro de gestión de movilidad: No se establecieron las fuentes de financiación para el Centro de Gestión de Movilidad, parte del programa de concesión, lo cual afectaba la sostenibilidad financiera del proyecto.

Inconsistencias en la remuneración y plazo de concesión: el modelo financiero del proyecto no respetaba el límite del 10% de remuneración al concesionario establecido para la instalación y operación de sistemas tecnológicos de detección de infracciones de tránsito. Además, se consideró que un plazo de concesión de quince años era excesivo y no conforme a las disposiciones legales para la delegación de funciones de autoridad de tránsito.

Intervenciones y decisión del tribunal

El municipio de Armenia, en su intervención, solicitó que se declararan infundadas las objeciones presentadas por el departamento del Quindío. No obstante, el Tribunal encontró que los argumentos y pruebas aportadas por la administración departamental eran suficientes para declarar la invalidez del acuerdo.

El Tribunal subrayó que la expedición del decreto en un día inhábil y la falta de estudios técnicos y financieros eran vicios significativos que comprometían la legalidad del acuerdo. Además, la incongruencia entre el título y el contenido, así como la falta de precisión en las facultades otorgadas, reforzaron la decisión de anular el acuerdo.

En un apartado, la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío destaca la importancia de cumplir estrictamente con los procedimientos legales y de contar con una planificación adecuada y un soporte técnico robusto en la formulación de acuerdos municipales.

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO se comunicó con el alcalde James Padilla García y el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, para conocer su opinión al respecto, pero no obtuvo respuesta alguna.


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