Autor : EFE
Foto : Facebook: Miguel Ángel Arrieta Mendoza
Miguel Ángel Arrieta Mendoza, aspirante al concejo de Soledad, fue atacado en el barrio Villa Adela, mientras se encontraba en su taller de bicicletas "Donde Migue".
Después de algunas semanas denunciando temas de corrupción local, Miguel Ángel Arrieta, reconocido líder comunitario y candidato al concejo de la localidad de Soledad, en el departamento de Atlántico, por el partido Colombia Humana, fue asesinado la mañana de este viernes por sicarios.
Arrieta "fue asesinado por sicarios que llegaron en moto hasta un local de su propiedad y lo atacaron con arma de fuego causando su muerte de manera inmediata", informó este viernes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Se trata del líder social número 28 asesinado este 2023, según las cifras de la organización.
En el mismo municipio de Soledad, Indepaz denunció una nueva masacre, la número 23 en lo que llevamos de año, donde fueron asesinadas 3 personas.
En el barrio Los Almendros, el pasado 13 de marzo, según la información proporcionada por la organización, un grupo de personas que conversaban a las afueras de una casa fueron atacadas por hombres armados que dispararon contra los que estaban en el lugar.
En total, 6 personas resultaron heridas y 3 de ellas murieron, estas víctimas mortales fueron identificadas como Jack Daniel Gutiérrez, de 23 años; José Luis Escobar, de 30, y Omar Alberto Gutiérrez, de 25.
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La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para la zona en la que señala que distintas estructuras armadas consolidaron empresas criminales para la obtención de rentas del tráfico de drogas ilícitas, manteniendo como centros de operación los expendios del narcomenudeo en distintos barrios del municipio.
Estas bandas criminales utilizan a adolescentes y jóvenes para llevar a cabo sus actividades ilegales.
En esta alerta, la Defensoría también indica que la mayor parte de los homicidios por sicariato están relacionados con el ejercicio de control social, la extorsión o el ajuste de cuentas, y también contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos que realizan procesos de exigibilidad de derechos en la zona.
