Autor : David Salazar
Según el Código Penal este delito se tipifica en el artículo 312 y se denomina ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
Uniformados, adscritos a la Policía Quindío,capturaron en flagrancia a una mujer de 26 años por vender chance ilegal, delito conocido técnicamente como ejercicio ilícito de la actividad monopolística y arbitrio rentístico.
La patrulla policial del barrio Santander de la capital quindiana junto a agentes adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, llevaron a cabo actividades de prevención, vigilancia y acción en contra del delito y observaron en vía pública una actitud sospechosa de la dama.
De inmediato la detuvieron para un registro de sus pertenencias y revisión a sus antecedentes o señalamientos judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, y así descartar que presentara algún requerimiento de orden de arresto.
Desde la central de radio informaron que no había solicitud alguna de la justicia, pero en sus pertenencias le encontraron 3 talonarios para realizar los chances, 2 cuadernos con la información del juego y $160.000 en efectivo, al parecer, fruto de esta actividad que afecta el patrimonio de la salud en el país.
Al no contar con los permisos necesarios para dicha actividad de apuestas, fue detenida y conducida para ser dejada a disposición de la autoridad competente.
Las autoridades reiteraron la invitación a la comunidad para que evite este tipo de apuestas clandestinas que se convierten en un delito y afectan los ingresos para la salud de los colombianos que son aportados por las empresas legalmente constituidas para estas acciones.
El delito
Según el Código Penal este delito se tipifica en el artículo 312 y se denomina ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión de 6 a 8 años y multa de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
