Proponer una multa de $10 millones al usuario de un Uber solo es comparable con la multa de $800.000 que le pusieron a un hombre por comer empanadas en la calle.
No paran los avisos apresurados, los proyectos crudos y, sobre todo, las osadas propuestas del gobierno nacional que, dicho sea de paso, generan más confusión y malestar que esperanza. La última del gobierno Petro, en cabeza de la Superintendencia de Transporte, es el borrador del proyecto que pretende combatir el transporte que prestan organizaciones como Uber, DiDi e InDrive, entre otras. Lo conocido sobre el particular, que de seguro terminará diluyéndose como otras de las calenturientas y más virales y efectistas que técnicas propuestas del ejecutivo nacional, es francamente retrógrado. Confunde y aumenta la desconfianza conocer propuestas del gobierno que rayan en la dictadura y que se alejan de ese tono conciliador y de invitación siempre al diálogo y la concertación que el mandatario nacional usó el pasado siete de agosto.
En resumen, el borrador de marras, que pretende ser ley de la república, busca bloquear las plataformas de movilidad, sanciones económicas para los usuarios e inmovilización de vehículos. Prohibir antes que concertar no puede ser la premisa de un gobierno que pregona ser amante del diálogo y del cambio. Resulta contradictorio que, por un lado, se abra la puerta de negociación con todos los actores violentos del país, se promueva un modelo de justicia restaurativa, se reclame la excarcelación de personas señaladas de vandalismo, secuestro, extorsión y terrorismo, pero por otro lado se busque, de un plumazo, acabar con una actividad que, aunque informal, llegó para quedarse, genera empleo y es útil para millones de usuarios.
Lo que habría que hacer es la ruta más larga, demorada y desgastante: regular el servicio. No es fácil, ni Uribe ni Santos ni Duque pudieron fijar normas para ordenar este creciente negocio, pero no por eso deba optarse por la ruta más corta: el prohibicionismo. Ya en otros países, de América y de Europa, encontraron soluciones diferentes a abolir y castigar y las plataformas de movilidad operan. Colombia debe dar un paso adelante en la materia y no tres atrás como lo pretenden desde la Superintendencia. Se calcula en cien mil las personas que en el país obtienen ingresos de este servicio, incluso, taxistas y dueños de taxis también obtienen ingresos con carros particulares afiliados a las plataformas de movilidad existentes en el país. Este negocio genera el 0.23 % del PIB.
Bloquear en internet las plataformas digitales que ofrecen el servicio de movilidad en vehículos particulares es propio de una dictadura. Amenazar con inmovilizar, primero treinta, luego sesenta y por último noventa días, los vehículos dedicados a este oficio es exagerado. Multar hasta con diez millones de pesos a un usuario del servicio que el mismo Estado permitió que llegara y creciera es pusilánime. Lo otro que confunde es la posición de un gobierno cuya cabeza, cuando fue congresista, pedía que el servicio se regulara y no que se exterminara como ahora es la pretensión. Sancionar a un usuario de Uber con una multa de $10 millones es desproporcionado, solo comparado con la multa de más de $800.000 a un joven por comerse una empanada en la vía pública. Por eso, el ojalá pronto abortado proyecto para regular las plataformas de servicio de transporte en vehículos particulares es un retroceso.
