Miércoles, 16 Oct,2019
Armenia / AGO 24 2019 / hace 1 mes

“Candidatos del Quindío no han reportado gastos al aplicativo de Cuentas claras”: CNE

Autor : María Fernanda Ramírez Tejada

El magistrado delegado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacouture Peñalosa, en conversatorio.

“Candidatos del Quindío no han reportado gastos al aplicativo de Cuentas claras”: CNE

El evento se realizó este viernes en horas de la mañana.

Jaime Luis Lacouture Peñalosa, magistrado delegado del Consejo Nacional Electoral, CNE, alertó sobre el fenómeno que se presenta en el Quindío y es que ninguno de los candidatos de la región ha reportado los gastos al aplicativo de Cuentas claras.

Así lo manifestó el funcionario en el conversatorio Delitos electorales, reglas vigentes, propaganda electoral, inhabilidades, realizado este viernes en la universidad del Quindío. 

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“No se ha hecho el proceso, pese a que el aplicativo se habilitó desde hace algunos días. Se remitieron las contraseñas y las claves para que cada aspirante, o a través del gerente de campaña o el contador, cargue el gasto en el que ha incurrido cada ocho días”, señaló.  

Explicó que la situación se da un mes después de haber iniciado la actividad política.

“Es una obligación reportar los gastos y apertura de la cuenta única de campaña; los recursos deben ser registrados”.


Los cinco nuevos delitos

El magistrado también habló sobre los cinco nuevos delitos en los que podrían incurrir los candidatos a gobernación, alcaldías, asamblea y concejos.

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Estos surgieron de la reforma al Código Penal y son:  

  • Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, esto quiere decir que permitir el ingreso de dineros ilegales a una campaña electoral da cárcel de cuatro a ocho años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales.
  • Violación de los topes de gastos en las campañas, es decir que cuando estos se superen, las penas van de 4 a 8 años de prisión, más inhabilidad para ejercer funciones públicas. La multa será el mismo valor de lo excedido en la financiación.
  • No informar sobre los aportes que hayan recibido sus campañas. Quienes incurran en esta conducta tendrán prisión de 4 a 8 años y pagarán una multa de entre 400 y 1.200 salarios mínimos mensuales.
  • Ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas. Será castigado con entre 4 y 9 años de cárcel.
  • Aspirar y resultar electo estando inhabilitado por alguna decisión judicial, disciplinaria o fiscal. En este caso, la norma establece una sanción de 4 a 9 años de prisión y multa de entre 200 y 800 salarios mínimos mensuales.


Trashumancia

Lacouture Peñalosa agregó: “Al despacho a mi cargo le tocó conocer sobre trashumancia electoral en el departamento, tal y como lo dije ahora, no todo es malo.  En esta región no hay una alerta que nos genere preocupación”.

Frente a la inscripción de cédulas, advirtió que “para este certamen, hay 20 mil nuevos inscritos para votar en el Quindío. 22 mil personas van a integrar el nuevo censo electoral, pero eso se debe a que ciudadanos que vivían en otros sitios se  trasladaron a territorio quindiano y los colombianos que residían en Venezuela se están devolviendo”.

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Luis Carlos Pineda Téllez, contralor delegado para la participación ciudadana, se refirió al proceso que adelanta la entidad. “Desde la Contraloría promovemos la estrategia de elecciones claras y de cara a la ciudadanía. Es un tema en donde realizamos un seguimiento a cerca de 750 mil millones de pesos que se van a destinar al proceso democrático del mes de octubre. Estamos en el acompañamiento a estos recursos, pero también a las veedurías, para que estén activas y se utilicen los temas de denuncias ciudadanas”.

El funcionario explicó que el Eje Cafetero presenta algunas dificultades relacionadas con el límite de gastos que se han priorizado

“Este es un riesgo que se presenta con la ley 617 del 2000, pero, además, en las variaciones entre el censo electoral y censo poblacional. El llamado es que, por favor, los recursos que se encuentran dispuestos por regalías se destinen en exclusiva para salud, educación, saneamiento y agua potable”, concluyó.

 

María Fernanda Ramírez Tejada 
LA CRÓNICA 


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