Jueves, 12 Dic,2019
Región / NOV 18 2019 / hace 3 semanas

780 menores han sido víctimas de delitos sexuales en el Quindío

780 menores han sido víctimas de delitos sexuales en el Quindío

Desde el Icbf y otras instituciones se adelanta una campaña contra la explotación sexual comercial de niños y adolescentes, que entre otras cosas, invita a denunciar a la línea 141.

El Icbf adelanta en el departamento una campaña contra la explotación sexual comercial de niños y la lucha para no naturalizar este hecho. 

A propósito del debate que se adelanta en el Senado de la República sobre la modificación del artículo 44 de la Constitución Política, respecto al proyecto de acto legislativo fundado en que los delitos sexuales contra los niños y adolescentes sean sancionados por la justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, LA CRÓNICA realizó un informe sobre cuál es la situación de este flagelo en la región. 

Es así como se encontró, de acuerdo a los registros de la Policía de Infancia y Adolescencia del Quindío, que en lo que va del año —hasta el 9 de noviembre— 780 menores se han reportado como víctimas de delitos sexuales en el departamento. De estos, en 247 casos, los victimarios han sido menores de edad y se han reportado 4 aprehensiones. 
 


En el Quindío, el año anterior, 1.301 niños fueron víctimas de delitos sexuales.


Cada caso es diferente 

La doctora Angie Cardona Guzmán, psicóloga en la institución Amparo de niños Juan XXIII, quien atiende a menores víctimas de este delito, explicó las secuelas mentales y lo que puede provocar una agresión de este tipo en un niño. Indicó que cada caso es diferente, por tal motivo la manera que un afectado puede expresar su malestar y/o trauma varía complicando su identificación.

Sin embargo, algunos cambios que pueden ser indicadores de una presunta violencia sexual son: cambios repentinos a nivel emocional —miedo generalizado, agresividad, sentimientos de culpa, aislamiento, ansiedad, depresión, rechazo a su propio cuerpo y a alguien en particular—.

De acuerdo con la especialista, también hay cambios conductuales —consumo de alucinógenos, autolesiones, hiperactividad, bajo rendimiento  escolar, conductas antisociales—, físicos —pesadillas, alteración en el sueño y alimenticia, pérdida de control de esfínteres—, además, conductas sexualizadas no acordes a la edad —conocimiento sexual precoz, masturbación compulsiva, problemas de identidad sexual y embarazo a temprana edad—.

Algunos de estos cambios son aparentemente muy sutiles, pero pueden ser también muy traumáticos para una víctima, teniendo en cuenta que se pueden afectar diferentes áreas del funcionamiento del ser humano, es por ello importante que los adultos fomenten medidas protectoras para los niños y adolescentes lo cual se puede hacer por medio de la educación, por ejemplo, enseñando a llamar a las cosas por su nombre, explicando posibles situaciones de riesgo y cómo prevenirlas, así mismo enseñando qué caricias son buenas y malas.

“Y sobre todo, se debe  enseñar a decir ¡no!, es importante crear espacios de confianza con los niños, fomentar sus habilidades de autoprotección y si se sospecha de posible abuso se debe informar a la autoridad competente: Comisarías de Familia, Icbf, Fiscalía en unidad Caivas, para que estos puedan direccionar y realizar la respectiva activación de ruta”, sostuvo Cardona Guzmán.

Agregó que superar la vivencia de violencia sexual requiere de un acompañamiento y de la realización de un proceso sicológico que no es corto debido a su complejidad y lo doloroso que puede tornarse este hecho para la víctima, para superarlo, además es importante el acompañamiento de la familia y en ocasiones paralelo al proceso sicológico, se requiere de proceso siquiátrico, cuando se presentan conductas desadaptativas para la persona. 

Finalmente, se menciona que posterior a la activación de ruta en las entidades anteriormente mencionadas, estos suelen acudir a aliados estratégicos como operadores especializados en la atención de víctimas de violencia sexual.


¿En qué se centra el debate?

José Miguel Camacho Castro, abogado constitucionalista, coordinador de investigaciones de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Corporación Universitaria Alexánder von Humboldt, explicó a LA CRÓNICA que la discusión en el Senado está basada en que si los delitos sexuales de menores, cometidos en el marco del conflicto armado, se dejan a conocimiento de la JEP o se sacan de allí

“Un grupo —de línea conservadora— está de acuerdo con que se deben incluir dentro de la justicia ordinaria y otros partidos consideran que no, sino que se juzguen como todos los demás delitos cometidos en el marco del conflicto armando”, expresó.

Trajo a colación que un elemento de fondo en este asunto es el Estatuto de Roma, que considera como delitos de lesa humanidad, ciertos punibles sexuales, lo que instaría a que sean juzgados por la justicia ordinaria. Sin embargo, dentro del proceso de implementación de la JEP, las negociaciones que se hicieron llevaron a que todos estos crímenes estuvieran dentro de la JEP, lo que fue avalado por la Corte Penal Internacional, que apoyaba este proceso. Esta corte es la encargada de velar por el Estatuto de Roma.

Lo anterior dicta, “que a los ojos de la Corte Penal Internacional, el hecho de que esos delitos se estén juzgando por la JEP es adecuado. Sigue siendo en el fondo un problema de ubicación ideológica, y ya cada quien, de acuerdo con su inclinación política, determinará cuál es la más idónea”. 

Agregó que “los delitos sexuales contra menores de edad son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto deben ser juzgados por la justicia ordinaria, pero un órgano encargado de aplicar el Estatuto de Roma, ha dicho que el proceso de la JEP es válido y se está haciendo bien, por lo tanto, la investigación que hace el sistema de estos delitos es legítima”. 

Expuso que el problema viene más allá y está entre qué situaciones deben ser investigadas y juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles por la justicia ordinaria, que ha sido el centro del debate, no solo sobre los delitos sexuales contra menores, sino sobre todos los que va a juzgar la JEP.

Lo que buscan los sistemas como la JEP es la reincorporación de grupos armados a la vida civil y dando prioridad a procesos de justicia basados, más allá del castigo de los crímenes cometidos, hacia la reparación y la verdad hacia las víctimas. “No significa que no haya castigos, esto dependerá de los acuerdos que se hagan entre los grupos armados y el gobierno”. 

Camacho Castro aclaró que la diferencia entre un sistema como la JEP y la ordinaria es que en la primera, el énfasis está puesto en la transicional basada en la reparación de las víctimas y la narración de la verdad de lo ocurrido. “Esto no solo ha pasado en Colombia, sino en muchos países, donde se han establecido este tipo de mecanismos para permitir que se pase de un estado de guerra a uno de paz”. 

Puntualizó sobre lo anterior que en Colombia es especialmente difícil porque no se ha terminado la guerra, “sin embargo, así se ha venido haciendo en el país, desde hace muchos años se dijo que todos los crímenes de lesa humanidad iban a quedar bajo la jurisdicción ordinaria y que los crímenes cometidos en el marco del conflicto y por razones políticas van quedar juzgados por la JEP.” 


Campaña contra la explotación sexual 

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Adriana Echeverry, indicó que desde la entidad se está haciendo una campaña contra la Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Escnna. “Porque aquí son víctimas los menores de edad, entonces buscamos que se tome conciencia de que es un delito que va por las vías a la naturalización”. 

La campaña “es para que los adultos cuando están haciendo esto con un menor de edad, tengan conciencia de que están cometiendo un delito. Una falta grave que va a las vías penales. Esta prevención que se adelanta es para no naturalizar este hecho”, sostuvo Echeverry. 

La directiva explicó que el hecho de que no haya un número significativo de casos, responde a la naturalización del asunto “porque no se están presentando denuncias, porque se está diciendo que es normal”. —Tres casos en 2019— 

Sobre el compendio desde el 2016 a la fecha, la funcionaria resaltó que se han conocido 12 en Quindío, 183 en el Eje Cafetero y Valle del Cauca. Invitó a que la población que sea testigo de estos hechos, llame a la línea de la Policía 141. “Como adultos tener ojos en todas partes, que nos ayuden a conocer estos casos”, aseguró la directora. 
 

1.301 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el Quindío el año pasado, y aunque este año ha disminuido el número, hay preocupación por casos que no se denuncian.


Artículos 44 de la Constitución Política

El artículo 44 de la Constitución Política reza: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.


Así fue el debate en el Senado

A finales de la semana pasada se adelantaron varios debates sobre la modificación del artículo 44 de la Constitución Política respecto al proyecto de acto legislativo fundado en que los delitos sexuales contra los niños y adolescente sean sancionados por la justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Una de las sesiones, que se tornó subida de tono y polémica, provocó un enfrentamiento entre uribistas y el partido Farc

Como ponente de la iniciativa, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, indicó: “Este proyecto no está modificando los acuerdos. Se trata de razones morales, queremos que nunca más se sometan a negociaciones las penas que le corresponden a quienes han violado a un menor colombiano”.

Paola Holguín, abogó a favor del proyecto al decir: “Es muy grave que en Colombia, con el argumento de las relaciones sexuales en edades tempranas, se empiece a justificar el abuso sexual contra menores”, pronunciamiento que llegó luego de escuchar a Rodrigo Lara, del partido Cambio Radical, quien expresó: “Es una realidad que existe y no la vamos a transformar”.

Gustavo Petro, de Colombia Humana, señaló que “los depredadores sexuales que han existido en Colombia han sido condenados, investigados gracias a que confiesan. No serían condenados si confiesan, porque es obligatorio en la justicia especial”.

El senador John Milton Rodríguez expresó su preocupación sobre la postura de algunos senadores frente al tema: “Condenar la justicia ordinaria a impunidad para siempre es grave, es necesario dignificar la justicia”.

Para el congresista Roosevelt Rodríguez, de la Unidad Nacional, el proyecto lo único que está garantizado es la impunidad, replicando que según estadísticas expuestas, “la impunidad en la jurisdicción ordinaria es del 97%. De cinco denuncias que se hacen por delitos sexuales contra menores, solo en uno se condena. El proyecto tiene un tinte populista y manipulador de la opinión, porque con este no solucionamos el delito sexual contra menores”.

La legisladora Victoria Sandino, del partido Farc, expresó que desde la JEP no existe impunidad alguna en casos de violencia sexual contra los niños. “Al país no se le puede usar en un hecho como estos, donde no hay, de parte del Estado, una disposición para atacar este flagelo”.

El senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, realizó serios cuestionamientos a Sandino al expresar: “Tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, tiene cuatro denuncias por asistir a abortos inducidos, tiene dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido”, entre otros, a la vez que concluyó que las personas que están vinculadas a la JEP deben declararse impedidas para participar en este tipo de discusiones.

“Cínicos, descarados y sinvergüenzas”, fueron las palabras que usó el senador Julián Gallo, del partido Farc, después de escuchar las fuertes declaraciones del congresista del Centro Democrático. Por como van las cosas, se presume que este proyecto podría hundirse. 
 


El presidente del Senado, Lidio García, rechazó el comportamiento de senadores que fue ‘aireado’ durante uno los debates sobre delitos sexuales contra menores de edad. 


Lily Dayana Restrepo
LA CRÓNICA


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