Inicio / Región / JUL 02 2020 / 1 mes antes

Alcalde Balsero no aceptó cargos tras ser señalado como el que ordenó todo

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Autor : David Salazar

Alcalde Balsero no aceptó cargos tras ser señalado como el que ordenó todo

Juan Camilo Mesa Velásquez, abogado del alcalde Luis Alberto Balsero Contreras; Christian Valencia Flórez, abogado defensor de Natalia Vanesa Castillo Martínez; Jhoana Suárez Pardo, procuradora judicial 289; Abelardo de Jesús Echeverry Trujillo, víctima del caso; Juan Sebastián Henao, abogado defensor suplente de José Wínser Garzón Tobarí; fiscal delegado al caso, Deiby Cáceres; Natalia Vanesa Castillo Martínez, contratista investigada; y Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde imp

Fueron imputados también una contratista y el secretario administrativo de la localidad, quienes no admitieron su participación en la comisión del presunto punible.

Tras la lectura de imputación de cargos del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por parte de la Fiscalía General de la Nación, FGN, al alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras; al director administrativo de la localidad, José Wínser Garzón Tobaría, y a la contratista Natalia Vanesa Castillo Martínez, estos no aceptaron cargos.

Según el delegado del ente perseguidor penal, la presunta corrupción dentro de la atención de la emergencia social, económica y ecológica por la COVID-19 en la ‘Villa del Cacique’, empezó desde el pasado 3 de abril, cuando señaló que Castillo Martínez solicitó a la representante legal de la Sociedad Inversiones Echeverry Trujillo S.A.S., los documentos y las firmas digitales que se habían usado para el contrato 005 de 2020, el cual tenía como objetivo la compra de mercados para entregar a la ciudadanía vulnerable de la segunda ciudad del departamento, avaluado por $15.000.000.

Según el fiscal del caso, ese mismo día, pero en horas de la noche, Garzón Tobaría realizó la solicitud de cotización de precios de diferentes víveres a distintos supermercados, entre ellos El Progreso, adscrito a la sociedad privada antes dicha.

El funcionario aseguró que al siguiente día, el director administrativo solo recordó al mencionado centro de acopio la lista de precios, mientras que se gestaba la idea de construir un nuevo contrato, el 007.

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Tras obtener este documento, dijo la Fiscalía, que el lunes 7 de abril, Castillo Martínez le insistió a través de correos electrónicos, el traslado de los documentos y las firmas del contrato 005, esto con el objetivo de legalizar un nuevo convenio —007—, el cual tenía 4 certificados de disponibilidad presupuestal, los cuales también tenían el mismo objetivo, atender la pandemia por medio de la compra de mercados para entregar a la población vulnerable de Calarcá, tras la declaratoria de la emergencia sanitaria.

Los 4 certificados de disponibilidad presupuestal suman $396.000.000 dentro de un contrato que fue denunciado por Abelardo de Jesús Echeverry Trujillo, dueño del supermercado El Progreso, quien indicó que le falsificaron la firma en un nuevo convenio, toda vez que él había firmado el contrato 005, y no el 007, los cuales tenían valores a pagar distintos.

Sobre las irregularidades en la contratación, el fiscal señaló que no se cumplieron los requisitos legales de planeación, responsabilidad y eficacia, además, que todas estas acciones fueron ordenadas por el alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, quien sabía de todo lo que se estaba llevando a cabo.

“Nunca se invitó a un comité de evaluación, se desarrolló un acta que pretendió dar legalidad aclaratoria al nuevo contrato, y no se realizaron los estudios previos del convenio 007”, dio a conocer el representante de la Fiscalía.

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Dentro de la explicación de la inferencia razonable, el fiscal indicó que el burgomaestre era indiciado como coautor, toda vez que sabía de lo que estaba pasando y que a pesar de no aparecer su firma, ordenaba lo actuado.

Por ende le dio a conocer que podría pagar una pena de 64 a 216 meses de prisión, en caso tal de que fuera encontrado culpable.

El ministerio público solicitó que la multa, en caso tal de que fueran hallados responsables, fuera el mismo que se suscribió en el contrato 007, situación que fue negada por el juez.

El representante del ente investigador no pidió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento preventiva, la cual sería en cárcel, según mencionó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, en semanas pasadas en una alocución ante el país.



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