Domingo, 22 Sep,2019
Región / OCT 30 2017 / hace 1 año

Cuatro medidas de aseguramiento para los diputados y exdiputados del Quindío

El Juzgado Primero Penal Municipal con fuciones de control de garantías decidió no dictar medida de aseguramiento privativo de la libertad a los diputados, exdiputados y exsecretaria de la asamblea departamental por un error en el procedimiento por parte de la Fiscalía. 

Cuatro medidas de aseguramiento para los diputados y exdiputados del Quindío


El Juzgado dictó medida de aseguramiento, aunque no privativas de la libertad, contra Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, Luis Alberto Rincón Quintero, Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur, César Londoño Villegas y la exsecretaria de la asamblea departamental Marieth Vanegas Castillo. La determinación no contempla detención, según la juez, por un “error de procedimiento por parte de la Fiscalía”.

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“El juzgado determinó imponer algunas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad a los 7 investigados por el presunto delito de prevaricato por acción. Algunas de las determinaciones tienen que ver con vigilancia de una persona o institución a cada uno de los implicados. Además, es obligación presentarse periódicamente ante la juez cada 15 días. Las fechas próximas son 15 y 30 de noviembre. Si en determinado caso alguno de esos es festivo, se debe presentar el día siguiente”, dijo la togada Martha Lucelly Valencia. 

Las otras determinaciones tienen que ver con la prohibición de salir del país mientras se finalice el proceso, así como guardar buena conducta familiar y social; y consignar, dentro de los próximos 5 días, una caución para los diputados vigentes - Ospina García, Cárdenas Jiménez, Rincón Quintero - de 20 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, Smmlv,  y para los que no están en el ejercicio -  Bedoya López,  Ramírez Tafur,  Londoño Villegas y Vanegas Castillo - un monto de 10 Smmlv. 

Para la exsecretaria de la asamblea, la juez determinó que tiene 5 días para regresar al país, ya que se encuentra fuera de Colombia desde hace varios días. Por tal razón, no asistió a las audiencias que se desarrollan desde la semana pasada en el palacio de justicia de Armenia. 

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La audiencia, que empezó este lunes a las 8 de la mañana, se dividió en dos. En la primera jornada, la juez realizó un recuento de lo que ha sido la intervención tanto de la Fiscalía, Procuraduría, representantes de la gobernación del Quindío y de la bancada defensora de los 7 investigados, al parecer, por presunto delito de prevaricato por acción al ser aprobadas las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015  presentadas a la asamblea departamental  durante el mandato de Sandra Paola Hurtado Palacio.

En repetidas ocasiones la juez señaló que los investigados fueron irresponsables al no cumplir los requisitos de constitucionalidad y legalidad para aprobar las ordenanzas. 
“Se evidencia que hubo improvisación  porque cuando se debió tener el marco fiscal a mediano plazo vimos que se hizo de un día para otro. Algo que se haya hecho de manera responsable debe ser bien pensado y analizado. Teniendo cuenta las afectaciones que puede tener el proyecto”, señaló. 

Aseveró que la aprobación de las ordenanzas pudo tener obligatoriedad por parte de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. 

“Como dice la Fiscalía, la actuación de los diputados pudo ser una retaliación por parte de la exmandataria tras haber perdido las elecciones con su candidata Sandra Gómez. Nos preguntamos, ¿qué hacía la gobernadora de ese entonces con su compañero sentimental en los debates de esas ordenanzas haciendo lobby y de la cual existe estado judicial donde un ciudadano toma fotos del contacto que tuvieron ellos con los diputados que aprobaron los proyectos? Tal vez recordándoles que se debía hacer lo que ella había pedido. Con la sola presencia ya se estaba ejerciendo presión”, dijo.


Tres investigados con antecedentes judiciales 

En la audiencia, la juez de control de garantías dejó al descubierto los antecedentes judiciales que tienen tres de los investigados.

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La aclaración la hizo luego de que la defensa de los implicados manifestara que ninguno de ellos tenían antecedentes que indicaran ser un peligro para la sociedad. 

“Néstor Jaime Cárdenas tiene antecedentes por peculado por apropiación y otra no relevante para el proceso por lesiones personales. Asimismo, Luis Alberto Rincón tiene un proceso abierto por falsedad material en documento público y peculado por apropiación. A Ramírez Tafur también se le encontraron investigaciones por el delito de calumnia. Hay que aclarar que no tenemos conocimiento del estado de las investigaciones. Solo las trajimos a colación al estrado para evidenciar que sí existen”, expuso la juez. 

 La audiencia contra los diputados aún no termina. este lunes, en la jornada de la tarde, y luego de conocerse la decisión por parte de la juez, realizaron a puerta cerrada la presentación de recursos de apelación de las partes involucradas. este martes, a las 8:00 de la mañana, continuará el proceso en contra de los investigados.


Medida no privativa de la libertad 

“La norma exige que se debe probar dentro del proceso que no procedían otras medidas no privativas de la libertad. Como no se hizo adecuadamente, la juez se acogió a lo que establece la norma y es no decretar la medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario”, dijo el apoderado de la gobernación luego de la audiencia.

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Audiencia de Sandra Hurtado 

Simultánea con la audiencia que se desarrolló en Armenia de control de garantías por el presunto delito de prevaricato en acción en contra de los diputados y exdiputados, la exgobernadora del departamento del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, también participó, en Bogotá, de la citación por parte de la Fiscalía para la imputación de cargos. Según pudo conocer LA CRÓNICA, el fiscal no determinó medida de aseguramiento para la exmandataria. 


Artículo 307 del Código de Procedimiento Penal

 

Son medidas de aseguramiento: 

A. Privativas de la libertad

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento;


B. No privativas de la libertad

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.

3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.

4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.

5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.

8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.

9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.


El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria
 

Redacción
LA CRÓNICA


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