Jueves, 15 Nov,2018

Región / ABR 20 2018 / Hace 6 Meses

Declaran en desacato a Calarcá por la no reubicación de familias

Una acción popular obligó a la administración a retirar cerca de ocho residencias en el barrio Giraldo. 

Declaran en desacato a Calarcá por la no reubicación de familias

El fallo se dio en 2012, cuando apenas había 8 casas.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia declaró en desacato a la alcaldía de Calarcá, por no cumplir con una sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, con la reubicación de las familias que habitan cerca de ocho casas, que se encuentran al borde de una quebrada en el barrio Giraldo, con el fin de recuperar una zona de protección.

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El fallo, además, impone una multa a la alcaldesa, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, de 10 salarios mínimos legales vigentes.

 

“Declarar al municipio de Calarcá en desacato a lo dispuesto por la sentencia proferida por el TAQ el 14 de mayo de 2014. Sancionar a Yenny Alexandra Trujillo Alzate, en su condición de alcaldesa, con una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La multa impuesta deberá pagarla la sancionada dentro de las 48 horas siguientes a que adquiera firmeza y ejecutoría material esta providencia”, dice el documento.


Frente a esta decisión se presentó un recurso de apelación por parte del equipo jurídico de la alcaldía, sin embargo, el juzgado lo declaró improcedente, teniendo en cuenta que para las acciones populares aplican los recursos de reposición, más no de apelación.

“El Consejo de Estado ha señalado que contra los autos dictados en el trámite de las acciones populares procede el recurso de reposición y la apelación está prevista para el auto que decreten las medidas cautelares y la sentencia que ponga fin a la acción”.

De esta forma, el fallo también asegura que la sanción impuesta en el desacato será consultada por el TAQ, quien será el encargado de decidir si debe, o no, ser revocada.

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Aclara que, aunque la administración alegó que no hay claridad respecto a la obligatoriedad de la sentencia, con respecto a ocupaciones posteriores a las ocho primeras viviendas, este argumento no fue recibido.

“El fallo popular en firme contiene una decisión clara e indiscutible acerca de la violación de los derechos colectivos que apareja cualquier tipo de ocupación en la zona de protección del barrio Giraldo, por lo tanto, sin lugar a dudas, cualquier acción dirigida a ocupar esa zona luego de la sentencia carece de fundamento legal”.

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Adicionalmente, manifiesta que “no tiene presentación ni asidero alguno que la autoridad local crea, o alegue creer, que el fallo lo constreñía a actuar respecto a las ocho primeras ocupaciones ilegales, pero no sobre las más de 100 siguientes”.

El problema 

En 2012, Alirio Londoño interpuso una acción popular en contra de la alcaldía de Calarcá por la ubicación de ocho viviendas en la orilla de una quebrada, en el sector del barrio Giraldo del municipio.

Esta acción judicial dejó como resultado, en mayo de 2014, una sentencia que obligaba a la localidad a realizar gestiones administrativas, técnicas, presupuestales y contractuales dirigidas a recuperar el terreno de la zona de protección del barrio. Ademas a demoler las construcciones existentes, reubicar a las ocho familias, entregar el terreno recuperado a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y evitar nuevas ocupaciones.

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“Teniendo en cuenta que este mandato judicial no se cumplió, desde entonces se han asentado en la zona más de 100 familias. El terreno es de protección ambiental y ellos no cumplieron, por eso interpuse el incidente de desacato”, indicó Londoño.
 

La gente 

Luis Alberto Puertas Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, del barrio, afirmó que este jueves tuvieron una reunión con los abogados de la alcaldía, quienes le indicaron que debían desalojar el lugar

“Nos dijeron que nos teníamos que ir, pero que no nos daban ningún tipo de vivienda, entonces nosotros no quisimos conciliar. Vamos a seguir en el proceso, porque llevamos muchos años acá”, dijo el líder. 

Además, muchos de los residentes de la zona aseguraron que recibieron guaduas y materiales, por parte de la administración, para arreglar las casas

LA CRÓNICA se comunicó con la alcaldesa Trujillo Alzate, quien remitió la consulta a su asesor jurídico, con quien el medio no pudo comunicarse.


Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA


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