Inicio / Región / JUN 16 2018 / 2 años antes

Demandas laborales, las más atendidas por el TAQ

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Demandas laborales, las más atendidas por el TAQ

El Tribunal Administrativo del Quindío llevó a cabo el jueves una audiencia de rendición de cuentas. Es la única que se ha hecho en el país. 

Las demandas laborales, especialmente de docentes, fueron las más atendidas por el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, así se dio a conocer durante la audiencia de rendición de cuentas de la entidad, la cual se llevó a cabo el pasado jueves en el palacio de justicia de Armenia.

“En el distrito proliferan las demandadas relacionadas con asuntos del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, específicamente hay una gran demanda del sector docente, y en general de temas salariales y prestacionales. En menor medida demandadas en procesos ejecutivos, de reparación directa, repetición y contractuales”, dice el informe presentado.

Entre otros temas recurrentes, indicaron los magistrados, está el reajuste salarial del 20% de soldados voluntarios en el subsidio familiar y prima de antigüedad, el reajuste salarial y prestacional de empleados territoriales por recategorización en el municipio de Armenia, la privación injusta de la libertad y el reconocimiento de la bonificación y prima de servicios como factor salarial a los empleados y funcionarios de la rama judicial.

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Destacaron que las entidades más demandadas fueron el ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag. 

“La segunda entidad más demandada fue el departamento del Quindío, seguido del municipio de Armenia, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, la Fiscalía General de la Nación, FGN, Red Salud, el hospital San Juan de Dios de Armenia y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil”. 

Con respecto a la resolución de los procesos, que ingresaron al despacho, los magistrados aseguraron que en 2017 recibieron 2.061 procesos y se evacuaron 1.908, quedando pendientes 153, lo que representa un índice de resolución del 92,5%. 

“En el sistema del proceso escritural, regido por el decreto 01 de 1984 y sus modificaciones, ingresaron 153 expedientes y se evacuaron 388, lo que indica un porcentaje de evacuación de 253,5%. En su integridad, teniendo en cuenta el sistema procesal mixto y escritural, ingresaron 2.214 procesos y se decidieron 2.296, lo que quiere decir que el tribunal tiene un índice de evacuación general del 103,7%”. 
 

Sentencias relevantes

En el informe presentado, los magistrados expusieron las sentencias más relevantes que cada uno de ellos ha emitido.

De esta forma, el magistrado Luis Carlos Alzate Ríos destacó cuatro sentencias que tienen que ver con la nulidad de un contrato por la violación de una norma de orden público, el derecho al medio ambiente sano y la responsabilidad de los entes territoriales en materia de prestación de servicios públicos, prestación de servicios públicos en el ámbito de competencia territorial de los municipios y competencia para resolver los problemas carcelarios como actividad coordinada entre diferentes entidades públicas.

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Asimismo, el magistrado Juan Carlos Botina enunció cinco sentencias que tienen que ver con valorización, consulta popular en Pijao, conservación de suelos y consulta popular minera en Córdoba. 

“Los principales procesos hacen referencia a la vulneración directa de la ley que impone límite porcentual para la financiación de las obras por valorización, control constitucional en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales de la convocatoria para la consulta popular en Pijao, procedimiento para introducir modificaciones a los planes territoriales de desarrollo, la conservación de suelos y revisión de textos de consulta popular en Córdoba”. 

El magistrado Alejandro Londoño Jaramillo enunció tres sentencias, entre las que se encuentra la revisión de texto de la consulta minera en Córdoba, una acción de cumplimiento contra medios de comunicación por incumplimiento del código de infancia y adolescencia y un medio de control que pidió el municipio de Armenia para proteger los derechos colectivos de la Contraloría General de la República. 

Por su parte, el magistrado Rigoberto Reyes Gómez destacó cuatro procesos referentes al uso excesivo de la fuerza en contra de la Policía Nacional, transgresión de derechos colectivos a la moralidad administrativa y la realización de construcciones, incumplimiento del director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y la construcción de alcantarillas. 

Finalmente, el magistrado Luis Javier Rosero Villota puntualizó en dos procesos, que tienen que ver con una demanda de nulidad de una ordenanza de la asamblea departamental y la nulidad de un acuerdo de código de rentas de la capital quindiana.

“En la sala plena del tribunal se profirieron dos sentencias, la primera de sanción moratoria e indexación frente a la actualización del valor reconocido y el reajuste pensional de la invalidez y subsidio familiar de un soldado profesional”. 

Desde el despacho aseguraron que, en lo que se refiere al componente de integralidad, se decidió publicar en la página web la hoja de vida de los magistrados, jueces y conjueces, así como los impedimentos que estos tienen para desarrollar su actividad jurisdiccional.

“Dentro del convenio celebrado con el centro de audiovisuales de la universidad del Quindío se elaboró un vídeo, mediante el cual se visibiliza el ejercicio de las actividades judiciales, además de hacerse notoria la reseña histórica de la creación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la región, para propender por el conocimiento que el usuario debe tener de los que administran justicia”.


Redacción
LA CRÓNICA



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