Jueves, 19 Jul,2018

Región / ABR 15 2018 / Hace 3 Meses

Desde este lunes, colegios oficiales se declaran en emergencia administrativa

Las 84 instituciones educativas del Quindío esperan que el gobierno nacional les gire los recursos para operación. 

Desde este lunes, colegios oficiales se declaran en emergencia administrativa

Los colegios oficiales del departamento están a la espera del giro de recursos por gratuidad del gobierno nacional, con el cual desarrollan el proyecto educativo institucional.

Este lunes se declarará la emergencia administrativa en los 84 colegios públicos del departamento, así lo afirmó Diego Fernando Mosquera Canizales, presidente de la Asociación de Directivos Docentes Oficiales del Quindío, Adidoq.

“A raíz de la falta de recursos, a partir de este 16 de abril entraremos en una emergencia administrativa, porque no tenemos dinero para el mantenimiento. No tenemos papelería para imprimir certificados o boletines, si tenemos un daño no hay con qué comprar un repuesto, como un bombillo o una llave. Además, tenemos aseadoras, pero no tenemos elementos de aseo”, dijo el educador.

Explicó que estos recursos son los correspondientes a la gratuidad, los cuales deben ser girados por el gobierno nacional a principio de año, sin embargo, tras casi cuatro meses de iniciar clases, aún no los reciben.

“En el 2010, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, se obligó al Estado a decretar la gratuidad educativa, es decir, que los padres de familia no tendrían que sufragar ningún costo de matrícula o pensión. Ese dinero debe ser pagado por el ministerio de Educación, porque con eso es que operamos”.

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Indicó que anualmente planeación nacional elabora el documento Conpes, en el cual se distribuyen los dineros del Sistema General de Participación, SGP, no obstante, aunque a principio de año sí se hizo el traslado a los entes territoriales, todavía no se efectúa el de las instituciones por el concepto de gratuidad.

“Las clases iniciaron el 15 de enero y a la fecha no hemos recibido ni un peso por concepto de gratuidad, que constituye un 90% de los recursos de los colegios”.

Mosquera Canizales manifestó que una institución educativa pública tiene tres fuentes de financiación, la primera tiene que ver con lo que recauda por concepto de arrendamiento de cafetería o certificados de egresados, entre otros.

“La segunda tiene que ver con lo que giran los municipios, que no es en todos los casos, solo algunas administraciones lo hacen. La última, que corresponde al 90% de nuestra operación, es la de gratuidad, la cual es según la cantidad de matrículas que tenga el colegio y si los estudiantes son de preescolar, primaria, secundaria o media. Aproximadamente son $90 mil por cada niño”.

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Puntualizó que la planta docente y administrativa no tiene problemas, ya que ese gasto es asumido por el ministerio, los servicios públicos, en algunos casos, son asumidos por las alcaldías, pero el tema del proyecto educativo institucional es lo que está en riesgo en este momento.

“Con esa plata nosotros compramos papelería y material didáctico, hacemos arreglos y mantenimiento, contratamos instructores de las bandas, compramos elementos de laboratorio, entre muchas otras cosas. Eso quiere decir que en este momento se están dando las clases, pero no hay cosas indispensables como el teléfono o internet”.

Aseguró que Mineducación les ha dicho que ya está en proceso de tramitar las resoluciones con las que se determina el monto que le toca a cada entidad.

“Eso es lo que dice, pero en este momento no ha salido ni siquiera publicado el Conpes, ya que generalmente lo dan a conocer primero”.

Agregó: “El año pasado, el 24 de febrero nos giraron ese recurso. El análisis que hacemos desde la asociación es que el SGP está desfinanciado. En 2017 tenía un déficit de $500 mil millones para el tema de educación y este año supera el billón de pesos. El problema es que la norma, que regulaba el sistema, caducó en el año 2016 y en este momento está en trámite una nueva”.
 

“No podemos hacer nada más que esperar”

Álvaro Arias Velásquez, secretario de Educación departamental, afirmó que el giro le corresponde directamente al gobierno nacional y que desde la gobernación no hay nada que se pueda hacer para agilizarlo.

“El problema es a nivel nacional, en todo el país hay un malestar generalizado, especialmente por los rectores, porque ellos están con la angustia de pagar cuentas de servicios públicos, papelería y otros elementos de funcionamiento. Regularmente, ese dinero llega en febrero, pero este año se ha demorado más”.

El funcionario afirmó que la respuesta que le han dado desde el ministerio es que a finales de abril se hará el giro.

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“Dicen que a finales de abril se transferirán los recursos a las cuentas de las instituciones, pero por ahora no se puede hacer más que esperar”.

Expresó que algunos rectores, previniendo el incumplimiento del Estado, guardan algún remanente del año inmediatamente anterior para los primeros meses, pero que con todo el tiempo que ha pasado ya terminaron con lo que tenían. 


Tatiana Palacio Mejía 
LA CRÓNICA


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