Inicio / Ciudad / JUN 03 2020 / 1 mes antes

Alcalde de Armenia fue suspendido por 3 meses

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Autor : LA CRÓNICA

Alcalde de Armenia fue suspendido por 3 meses

José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia, suspendido por 3 meses.

 4 contratos, todos firmados para atender la emergencia, investiga la Fiscalía.

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hacen muchos armenios luego de que, al finalizar la tarde de ayer, la Procuraduría diera a conocer la suspensión, por 3 meses, del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de 4 contratos de suministros para atender la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Lo primero que se debe decir es que, como lo dice el mismo organismo de control, se trata de una medida provisional. Es decir, se separó al mandatario de su cargo, mientras se adelanta el proceso, para evitar su  injerencia, tal y como lo explica uno de los apartes el comunicado, “el alcalde solicitó a sus subalternos la elaboración de informes con el propósito de establecer si las irregularidades investigadas por la Procuraduría son ciertas o no, partiendo del hecho de que todo estaba bien. El órgano de control enfatizó en que esta instrucción genera un sesgo y compromete la objetividad e imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las presuntas irregularidades, además de que posiblemente estaría utilizando recursos de la entidad para los fines de su defensa”. 

Y lo reitera: “La medida cautelar de la procuraduría se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos”, dice el comunicado. 

En segundo lugar, tal y como sucedió en el municipio de Calarcá, deberá ser el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien se encargue de designar a la persona que asumirá la administración municipal mientras dura la suspensión, lo cual se deberá conocer en las próximas horas.

En tercer lugar, todavía está por verse qué ocurrirá con la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que el pasado 21 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció contra el alcalde por los mismos contratos de la emergencia sanitaria, pues, al cierre de esta edición aún se desconoce la fecha de las audiencias preliminares.

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Los contratos que tienen enredado al alcalde

El órgano de control investiga presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de 4 contratos, los cuales suman $1.590.000.000. 

El contrato 01 de 2020, según la copia del mismo que aparece en el Secop, se celebró el 1 de abril por valor de $550.000.000 con Imaka S.A.S., con el objeto de “suministrar insumos y elementos de bioseguridad, aseo y desinfección para atender la pandemia en las dependencias de la administración central y en el municipio de Armenia”. 

Las presuntas irregularidades que se investigan tienen relación con falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual, toda vez que según el certificado de existencia y representación del contratista Grupo Imaka S.A., expedido el 15 de marzo de 2020, no tendría capacidad jurídica para desarrollar el objeto del contrato.

En el caso del contrato 02 de 2020, fue celebrado el 2 de abril de 2020 entre la alcaldía Armenia y  la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales S.A.S., con el objetivo del “suministrar guantes y tapabocas para atender la pandemia de COVID-19 en las dependencias de la administración central y en el municipio de Armenia”.

Este se encuentra suspendido desde la semana pasada, por un acuerdo entre ambas partes. “Las presuntas irregularidades que se investigan tienen relación con la presunta falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual, toda vez que según el certificado de existencia y representación legal de la empresa, expedido el 28 de abril de 2020, señala que dicha empresa no tiene actividades registradas en el Ciiu, ni tampoco dentro de su objeto social se encuentra el suministro de los bienes a los cuales se comprometió a entregar a la administración municipal de Armenia.

El contrato 03 de 2020 por $300.000.000 también está suspendido por común acuerdo entre las partes. Es entre la alcaldía de Armenia y Guitarra and Coffee para “garantizar los servicios logístico y de restaurantes que requiere el personal administrativo, de la fuerza pública, organismos de control o voluntariado que apoya la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el coronavirus en Armenia”. 

Aquí las presuntas irregularidades que se investigan tienen que ver con que dicha contratación no era necesaria, ni fundamental para atender la emergencia ocasionada por la COVID-19, ni que haya sido esencial para dar tratamiento a la misma, en tal sentido se evidenció el suministro de alimentación directamente en los batallones del Ejército y del comando de la Policía.

El contrato 04 de 2020, por $442.340.500, fue firmado el 17 de abril de 2020 con Bustos Villegas S.A.S., con el fin de “suministrar los paquetes alimentarios para garantizar las acciones y estrategias adoptadas por la administración municipal con el objeto de atender la emergencia generada por la COVID-19 en Armenia”, es decir para los mercados que el gobierno municipal entregó en los sectores más vulnerables.

En este caso, las presuntas irregularidades de esta contratación tienen que ver con que no contaba con la capacidad jurídica para el suministro del volumen de mercados que requería la alcaldía, unido al hecho de que su establecimiento de comercio en la ciudad de Pereira se encontraba embargado para cuando se suscribió el citado negocio jurídico bilateral.

“Es importante aclarar que como irregularidad transversal a todos estos 4 negocios jurídicos, se encuentra la acusación de posibles sobrecostos en los cuales se pudo haber incurrido en estas contrataciones de urgencia manifiesta”.

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La responsabilidad del alcalde

Para el órgano de control, la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que la permanencia del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia. 

El ente de control consideró que estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos.

 “Dado que se advirtieron conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y los funcionarios de la administración, se consideró procedente remitir copia a la Delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones. Además, llamó la atención sobre posibles falsedades y conflictos de intereses en la gestión de estos negocios jurídicos”.

 En este proceso también se investiga a la directora del departamento administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez, quien renunció debido a estas mismas investigaciones; al subdirector de la dependencia, José Javier Acero Osorio; al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y al asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita, quien también renunció.

 

 

 


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