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Embarazos de venezolanas, disparados en el Quindío

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Embarazos de venezolanas, disparados en el Quindío

De acuerdo con los datos oficiales, en el departamento hay 8104 venezolanos.

En el departamento hay aproximadamente 8.104 inmigrantes del vecino país. Se han registrado en lo que va del año 103 nacimientos y hay 89 gestantes.

 

“Están disparadas las cifras de mujeres venezolanas en gestación y preocupa que muchas son jóvenes de 18 y 19 años, e incluso menores de edad, no tengo el dato exacto, pero son alrededor de tres o cuatro”, manifestó Carlos Alberto Londoño Pinilla, profesional universitario de la secretaría de Salud del departamento. 

Habló sobre la situación de los embarazos de inmigrantes en la región y la solicitud de abortos, a propósito de la petición realizada en Cúcuta desde la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, que busca el derecho de las migrantes venezolanas a abortar legalmente en el país. 

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Los mismos derechos

El funcionario aclaró que estas personas tienen los mismos derechos que las colombianas, siempre y cuando estén regularizadas en el país, con algunos de los documentos que lo establecen, sea el servicio especial de permanencia o por conducto migratorio, “esos documentos le dan la opción de estar dentro del sistema de salud, lo que les permiten acceder a una EPS en el régimen subsidiado si tienen el puntaje en el Sisbén o en el contributivo si pueden trabajar”. 

“Como en Venezuela el aborto es ilegal, es probable que piensen que acá tampoco lo pueden hacer. Por lo cual ellas estarían desconociendo sus derechos y puedan estar realizando la práctica de manera irregular. Pero en Colombia y el Quindío rige para ellas el mismo derecho”, agregó. 
 


En lo que va del año se han reportado 103 nacimientos de hijos de padres del vecino país. 
 

Solicitud de un aborto

Andrés Murillo, director de poblaciones de la gobernación del Quindío, manifestó que en temas de aborto para mujeres venezolanas, “nosotros como departamento no hemos atendido el primer caso”. Aunque no se ha dado ningún caso de aborto legalmente ejecutado, sí existe una solicitud.

Así lo dio a conocer Londoño Pinilla, quien indicó que este año se presentó un evento de una paciente que tenía un trastorno ocular y realizó la solicitud. “Ella  alegaba que necesitaba el aborto porque no podía parir. Pero de acuerdo con la junta médica se estableció que ese no era motivo porque el parto podía hacerse por cesárea, por lo cual no se realizó el aborto y por consiguiente la mujer tuvo su bebé de manera no natural”.

Explicó que hasta el momento no se ha recibido otra solicitud por ninguna de las causales establecidas. “La norma es clara y dice que las venezolanas, para poder estar dentro del plan de salud, deben estar legalizadas. Estando en el sistema, deberá cubrirlas toda la normatividad que cobija a las colombianas. Sino están dentro del sistema, solamente en casos de urgencias”. 

El profesional universitario explicó que hay una situación que también es alarmante y es la cifra de embarazos de esta población en la región. De acuerdo al registro que tienen en la secretaría, a septiembre de 2019 se han reportado 103 nacimientos de madres venezolanas. De igual forma, en otro de los informes,  el número de gestantes es de 89 —que estaban pidiendo servicios y asesorías dentro de la secretaría de Salud, de quienes están vinculadas como población pobre no afiliada—, aclaró el funcionario. 

Agregó que “no sabemos cuál es la razón, si por desconocimiento de los programas de planificación, por decisión propia o por miedo de hacer el trámite y que sean captadas para hacer algo jurídico, pero realmente la idea es tenerlas resgistradas para garantizarles el ingreso al sistema”. 

Londoño Pinilla aseveró que los hospitales de primer nivel de los municipios cuentan con programas de atención en planificación familiar, “las venezolanas que están en trámite, que alguna vez se han acercado se incluyen dentro de dichas estrategias.  La gobernación en sus municipios de injerencia busca esta alternativa. Con el hospital universitario San Juan de Dios se solicitó que quienes tengan un hijo allá adopten un plan de planificación”. 

Acotó que si bien “están llegando todos los días venezolanos, e infortunadamente migración no tiene una política clara ante ellas, por parte de la secretaría de Salud departamental se busca brindarles la oportunidad de estar en el sistema y que en lo posible sean integradas en los programas para evitar estos embarazos en los que muchas veces son no deseados”. 

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Población en el Quindío 

Sobre la población del vecino país en el Quindío, Andrés Murillo, informó que las cifras oficiales de migración Colombia, con corte al 31 de octubre de 2019 reportan que en el Quindío hay 8.104 ciudadanos venezolanos, —que pasaron por un punto fronterizo—. De esa cifra, un total de 3.104 tienen permiso especial de permanencia y hay 655 con permisos solicitados.

A nivel nacional el número total de inmigrantes es de 1.630.903 ciudadanos. “Desde los servicios ofrecidos por la secretaría de Familia, se han registrado personas que no han pasado por ningún punto migratorio, y se han acercado a las oficinas de la dirección de poblaciones, que en total son 1.800”, puntualizó el director. 

Añadió que la mayoría se encuentran asentadas en Armenia, con 6.363 residentes y le sigue Calarcá con 517


Reporte de la Registraduría

Según los datos de la Registraduría especial de Armenia, con corte al 31 de octubre de 2019, personas nacidas en Venezuela de padres colombianos, registrados en la jurisdicción, son 696, y la petición de nacionalidad de hijos de padres venezolanos en el Quindío es de 104.

De acuerdo con registro de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 580 hijos de venezolanos han nacido en el país en lo que va del año —con corte a agosto—. De estos, 52 son del Quindío. En el informe, la entidad señala cuáles son los departamentos con mayor índice de nacimientos.  —Bogotá tiene la mayor cantidad de inscripciones al registro civil de nacimiento con 125, seguida de Norte de Santander, 35; La Guajira, 27 y Atlántico, 23—.

Respecto a los datos en la región, en Armenia, la Registraduría de la localidad especificó que de los 52 nacimientos, 22 corresponden a hombres y 30 a mujeres. Un incremento de más del doble respecto al año anterior. En 2018, el reporte fue de 24 nacimientos —11 hombres y 13 mujeres— y en 2017, 5 —2 hombres y 3 mujeres—.
 


89 gestantes se encuentran realizando la solicitud de ingreso al sistema. 

 

Migrantes pueden solicitar aborto en 3 casos

José Miguel Camacho Castro, abogado especializado en derecho administrativo y máster en teoría del derecho explicó el contexto del aborto de venezolanas en Colombia desde el término legar. Mencionó que desde el punto de vista jurídico, cualquier mujer puede solicitar que le sea practicada una interrupción voluntaria del embarazo en tres casos establecidos en la sentencia C-355 de 2006, así: Cuando peligra la vida o la salud de la madre, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida y/o cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

“Técnicamente, no existe limitación para que las mujeres migrantes de cualquier nacionalidad, incluyendo las mujeres venezolanas, accedan a este servicio de salud en los tres casos permitidos por el precedente de la Corte Constitucional. Las barreras que existen son de tipo operativo. La principal es que las EPS e IPS exigen documentos de identificación o de permanencia regular en el país que algunas mujeres venezolanas no poseen. Sin embargo, esa no es razón para negar una interrupción voluntaria del embarazo en alguno de los tres casos ya señalados”, aclaró el abogado.

Agregó que si a alguna mujer migrante de cualquier nacionalidad se le niega la interrupción voluntaria del embarazo en alguno de los casos permitidos, pueden hacer uso de la acción de tutela para que un juez obligue al sistema de salud a realizar el procedimiento. Las Personerías municipales, la Defensoría del Pueblo o los consultorios jurídicos de las universidades les pueden brindar el apoyo jurídico pertinente.
 

Sentencia C-355 de 2006

La interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue reconocido como tal por la Corte Constitucional Colombiana mediante la sentencia C-355 de 2006, en tres circunstancias:  Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. 

Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico y/o cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. 

La sentencia C-355 de 2006—al reconocer este derecho— crea la opción pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y la autodeterminación reproductiva. Por ello, es preciso que las mujeres cuenten con asesoría en opciones, en la que se les informe que aún estando inmersas en alguna causal pueden optar por seguir con la gestación y asumir la crianza o dar el producto de la gestación en adopción. 

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Aborto, penalizado en Venezuela

El aborto en Venezuela, entendido como interrupción voluntaria del embarazo o aborto provocado, es penalizado por el Código Penal del año 2000, con una excepción de cuando existen amenazas a la salud de la mujer. 

Dicho código establece de seis meses a dos años de prisión para la mujer que se ha provocado un aborto, y la pena para un médico u otra persona que realiza el procedimiento con el consentimiento de la mujer es de doce a treinta meses; sin embargo, si la mujer muere la pena aumenta de cuatro a seis años; la pena máxima es de 12 años en los casos que el aborto no es consentido por la mujer y le provoca la muerte. Existen casos en que la pena puede disminuir: De acuerdo con el artículo 436 de la Constitución de Venezuela: Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de uno a dos tercios y el presidio se convertirá en prisión, en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva. 
 

Lily Dayana Restrepo
LA CRÓNICA


 



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