Inicio / Región / MAY 08 2020 / 3 meses antes

Gobernador confirmó renuncia de la secretaria administrativa

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Autor : Lily Dayana Restrepo

Gobernador confirmó renuncia de la secretaria administrativa

Sandra Milnena Manrique Solarte

Sandra Manrique, que fue llamada por la Procuraduría por presunta irregularidad en un contrato, estará hasta el 15 de mayo.

 

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, confirmó la renuncia de la secretaria administrativa, Sandra Milena Manrique Solarte, quien además se encuentra involucrada en un procedieminto aparentemente anómalo por presunta irregularidad en el contrato 003 de 2020 por $800.000.000. El mandatario indicó que la funcionaria estará hasta el 15 de mayo y expuso las razones de su salida en un comunicado.

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Sobre otros movimientos en su gabinete, como la salida de la secretaria de Salud, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, Jaramillo Cárdenas no hizo referencia, tampoco la funcionaria. Sin embargo, desde la dependencia argumentaron que la información es falsa.

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3 funcionarias de la gobernación del Quindío, entre ellas Manrique Solarte, fueron llamadas a audiencia virtual por la Procuraduría General de la Nación, PGN, por presuntas irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad para enfrentar la COVID-19, por $800.000.000.

A la secretaria administrativa se le reprochó por consignar en los estudios del sector y en la minuta contractual, dentro del negocio jurídico No. 003 de 2020, datos supuestamente contradictorios e imprecisos de los bienes a suministrar a través del acuerdo de voluntades, con lo que habría desconocido el principio de responsabilidad que regula la contratación estatal, en concordancia con el de eficiencia en desarrollo de la función administrativa.

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En un segundo cargo, el ente de control cuestionó a Manrique Solarte por suscribir los estudios del sector y, al parecer, omitir realizar la consulta de precios del mercado, lo que habría derivado en la adquisición de elementos de bioseguridad con aparentes sobrecostos.

A las supervisoras del contrato, Eleana Andrea Caicedo Arias y a la profesional universitaria de la secretaría de Salud, Liliana Vélez Botero, se les reprochó por presuntamente incumplir el deber de realizar la vigilancia y control eficiente a la ejecución del negocio jurídico.

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La Procuraduría calificó la presunta falta de las supervisoras como grave a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento, y como gravísimas a título de culpa grave para la secretaria administrativa.

La audiencia se llevará a cabo el 26 de mayo a partir de las 2 p. m. de manera virtual. Estos casos hacen parte del programa ‘Transparencia por la emergencia’, liderado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para investigar presuntos desvíos y sobrecostos en la adquisición de ayudas humanitarias para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus.


El contrato

El contrato de modalidad de contratación directa y clase de urgencia manifiesta refiere el suministro de elementos de bioseguridad para apoyar los 12 municipios del departamento y a las empresas sociales del estado prestadoras de servicios de salud, funcionarios de la administración central que deban realizar labores en el centro administrativo departamental, personal de las secretarías de Salud y Turismo, que ejecutan tareas de campo, necesarias para atender la COVID-19.

Aclara que la calamidad está amparada en el decreto de ley 417 del 17 de marzo del 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, y el decreto departamental 202 del 18 de marzo de 2020, por medio del cual se declara la urgencia manifiesta y se dispone la celebración de contratos aplicando la modalidad de contratación directa. El contratista es Mantenimiento de equipos biomédicos, Colombia SAS.

 


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