Martes, 25 Jun,2019
En profundidad / JUN 12 2019 / hace 1 semana

Las alcabalas disfrazadas

Autor : Alpher Rojas Carvajal

La reforma agraria ya tramitada dentro del articulado del PND busca derogar la prohibición de concentrar tierras.

Las alcabalas disfrazadas

A las bases sociales y clases medias organizadas, así como a la masa crítica de científicos sociales, es decir, aquellos sectores que poseen un determinado capital cultural, académico y profesional, el examen interdisciplinario del Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2018–2022, les ha dejado la perturbadora sensación de un mecanismo de reproducción ideológica, antes que un proyecto democrático con soluciones a problemas sociales y económicos. 

Las alarmantes señales de fortalecimiento del modelo neoliberal que, entre otras muchas cosas lamentables para un Estado social y democrático de derecho, estructura una reforma tributaria encubierta, entrega facultades ilimitadas —un ‘cheque en blanco’— para la reestructuración de la administración estatal, al tiempo que apoya la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato y el fracking petrolero y minero, no tiene propiamente el propósito de auspiciar dinámicas sociales generadoras de equidad. Todo ello determina un sombrío horizonte para el país.

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Según las simulaciones de especialistas de las universidades Nacional, Los Andes, Cinep y Cedetrabajo sobre el PND, 40 puntos básicos del PIB en los próximos años dependerán del milagro incierto de los precios del petróleo y no de incrementos sustanciales en la producción agraria e industrial. 

El eje productivo del PND está centrado en la ‘economía naranja’, un embeleco posmoderno sin respaldo institucional ni tecnológico; disfrazado de ‘emprendimiento’, pero no es más que empleos precarios —o basura como lo llaman en Francia—.

Por otro lado, mientras en el PND la educación representa el 0,0% del crecimiento del PIB, a la Defensa, Justicia y Seguridad, se destina el 10,1 % de las inversiones. Tal es la noción de ‘equilibrio’ que tiene el gobierno Duque-Uribe de la ecuación ‘equidad’. 

Desde la formulación del plan, evidentes inconsistencias de carácter técnico consagran —en calculada dispersión—, su oposición al compromiso histórico de la paz, a cuyos programas les limita sustancialmente los recursos y les incluye ‘disposiciones’ para impedir la aplicación integral del punto primero del acuerdo final de paz, dedicado a la transformación rural integral.

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En reciente columna, el exministro de Estado, Juan Camilo Restrepo, escribió certeramente: “Algunos miembros del partido Centro Democrático están interesados en borrar la política agraria progresista que se dio en Colombia a partir de los acuerdos de paz”

La reforma agraria ya tramitada dentro del articulado del PND busca derogar la prohibición de concentrar tierras, avalándolas para casos de utilidad pública e interés social, eso sí, sin las limitaciones y protecciones ya fijadas por la Corte Constitucional: “Dar prioridad a la dotación de tierras a la población campesina y étnica, con respeto por las  normas ambientales”.

Sin embargo, allí no termina todo, puesto que además de respaldar sin términos la concentración de tierras, reconoce una inédita categoría, la de las ‘expectativas de propiedad’ lo que indica que habrá nuevas incursiones de los privados sobre predios públicos. En esa misma línea, legaliza el despojo de baldíos de la Nación vía prescripción judicial contra las sentencias de la Corte Constitucional sobre imprescriptibilidad de baldíos y la necesidad de que el Estado cense e identifique todas sus tierras para prevenir la apropiación ilegal por particulares y el detrimento patrimonial del Estado.


Alpher Rojas Carvajal
Especial para LA CRÓNICA


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