Viernes, 19 Jul,2019
Región / ABR 18 2019 / hace 3 meses

“Nos deja sorprendidos decisión del gobernador”: concejal de Salento

El mandatario seccional, Carlos E. Osorio Buriticá, dio a conocer, a través de un comunicado, que es tarea del TAQ disponer si prohíbe o no la megaminería. 

“Nos deja sorprendidos decisión del gobernador”: concejal de Salento

Foto de referencia. Foto : Archivo LA CRÓNICA

“Pensábamos que de la gobernación recibiríamos el apoyo, pero nos deja sorprendidos que por parte de ellos, en vez de buscar una protección referente al acuerdo, lo que encontramos fue que demandaron. Qué pasó con el gobernador del Quindío, Carlos E. Osorio Buriticá, si fue uno de los que más defendió el proyecto y ahora dice que es ilegal e inconstitucional. Ahí es donde está el paradigma. Nos ha dejado asombrados esta decisión”, sostuvo Orfa Liliana Correa Rojas, concejal de Salento, respecto al comunicado emitido por el gobierno departamental en donde declara que envió al Tribunal Administrativo del Quindío el acuerdo sobre megaminería.

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La funcionaria explicó que entiende que el tribunal tiene que dar un fallo sobre eso, pero “que no venga a decir el gobernador que él no lo objetó. Él lo demandó como podía haberlo hecho cualquier ciudadano. Vamos a seguir en el proceso, vamos a defender el acuerdo municipal”. 


Sin amparo

Reiteró que se siente sin apoyo y desilusionada: “Esperábamos que esto pasara, pero no que sería por parte de la gobernación, sino por una multinacional, pero somos respetuosos de esa decisión. Vamos a defender el acuerdo, llegaremos a las instancias que debamos para proteger el territorio”. 

Sobre otras disposiciones del comunicado, expresó: “Acá que no venga a decir el mandatario seccional que es politiquería, esto no es de eso, esto es que él hizo que se fuera el proyecto de acuerdo para que lo analizara el tribunal. Nosotros confiamos en el acuerdo”. 

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Puntualizó que se ampara en la sentencia 657 de 2018 y esperará qué dice el tribunal. “Salento tiene 21 títulos otorgados y otros en solicitud, que sugieren un 35% del territorio solicitado por concesiones mineras. Me preocupa las consecuencias, porque no tenemos cómo proteger el territorio, ya que no tenemos amparo”. 


Comunicado del gobernador 

“Es el tribunal administrativo y no el gobierno departamental quien debe decidir si el acuerdo que prohíbe la megaminería en Salento es constitucional o no”, fue lo que informó, a través de un comunicado, Osorio Buriticá, en respuesta al acuerdo que aprobó el concejo del ‘Municipio Padre’ donde prohíbe en su territorio la práctica.

“Debe recibir la revisión de legalidad y constitucionalidad del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ. No es el departamento quien toma este tipo de decisiones, pues constitucionalmente le corresponde al Tribunal”, reitera en el boletín. 

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En manos del tribunal 

El mandatario explicó que el acuerdo llegó a la secretaría Jurídica del departamento y después de un riguroso análisis, se decidió enviarlo al tribunal para que asuma la decisión de legalidad y constitucionalidad. “Quiero aclarar esta situación, porque este hecho se viene usando con fines politiqueros. Nosotros hemos tenido una política muy clara frente a la minería a gran escala o megaminería. Como gobierno defendemos la minería artesanal de la que viven nuestros areneros y barequeros”, expresó. 

La iniciativa presentada en febrero por la concejal Orfa Liliana Correa, fue aprobada por los cabildantes de Salento y sancionada por el alcalde de la localidad, Juan Miguel Galvis. (En contexto: En revisión, acuerdo que busca prohibir actividades mineras)

Pasó a revisión del gobernador el pasado mes de marzo. “Con el visto bueno gubernamental, se consolida no solo la protección ambiental en Salento, sino en la región”, expresó para ese entonces la corporada. 


Defendiendo el territorio

El alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, señaló sobre el pronunciamiento que “nosotros lo que queremos es tratar de blindar y proteger el territorio, ya que Salento es un municipio donde estamos con ley segunda. Tenemos Distrito Regional de Manejo Integrado, Drmi, y obviamente necesitamos proteger la localidad, no somos de vocación minera”.

Agregó que hay una sentencia, la T445, que le da prioridad a los entes territoriales para que definan el subsuelo del municipio.

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Reiteró que junto con los concejales, se está tratando de proteger el territorio. “Pensaría que lo que hace la gobernación, lo entiendo porque uno se ve inmerso en un tema jurídico, pero yo daría un paso más adelante”. 

Explicó que con las gestiones que adelantan quieren darle a entender al gobierno nacional que Salento y el departamento es un territorio verde “donde nos vienen a visitar por esa magia que tenemos como patrimonio hídrico. Salento es un municipio que le genera el agua al 68% de los quindianos, que le da el líquido a Armenia y Circasia, no podemos permitir que se haga megaminería a cielo abierto en este territorio, estamos defendiendo la minería artesanal, porque es lógico que hay personas que viven de este trabajo, pero quiero decirles que necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil y los medios de comunicación para proteger los recursos, porque esta es una tierra que no se puede tocar ni pasar por encima de todos nosotros”. 

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Acto inconstitucional

Jhonny Hernández Igirio, abogado especialista en minería habló con LA CRÓNICA sobre este tema y explicó que el acto desarrollado por el concejo de Salento es inconstitucional, ya que no es tarea de los entes locales tomar decisiones sobre el subsuelo. Agregó que la situación llevaría a intervención si se estuviera entrando en una reserva forestal. La determinación sobre si se hace minería o no a cielo abierto es de la Agencia Nacional Minera, por lo que ningún otro entre puede entrar a prohibir la práctica, por lo que sería un acto inconstitucional. 


Lily Dayana Restrepo
LA CRÓNICA


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