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Economía / JUN 14 2019 / hace 5 meses

Nulidad parcial a artículos del POT sobre fajas de protección ambiental

Las demandas interpuestas en 2017, que generaron el debate frente a si deben ser 15 o 30 metros de ronda en Armenia, fueron reunidas en un solo proceso. 

Nulidad parcial a artículos del POT sobre fajas de protección ambiental

El debate en torno a las zonas de retiro de protección ambiental inició en 2017 en la ‘Ciudad Milagro’.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia declaró nulidad parcial del los artículos 90, 91, 96 —numeral 1—, 98 —numeral 11— y 106 del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la capital quindiana que estipulan un retiro de 15 metros a lado y lado de quebradas, arroyos y cuerpos de agua.

Los demandantes, Andrés Mauricio Quiceno Arenas y la Procuraduría Ambiental y Agraria de Armenia exponen que los artículos mencionados infringen normas de jerarquía nacional, específicamente el artículo 3 del decreto 1449 de 1977 que señala que las áreas forestales protectoras deben tener una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas máximas a cada lado de los cauces. 

Ante este señalamiento el juzgado tomó la decisión de nulidad argumentando que “las pretensiones esbozadas por los demandantes en los dos procesos tienen suficiente soporte documental, legal, y jurisprudencial para considerar que se ha configurado la causal de invalidez invocada en el libelo demandatorio”.

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Asimismo, observó que al no haberse aportado estudios técnicos que sustenten la razón de fijación de las fajas de 15 metros a lado y lado del cauce de ríos, quebradas y arroyos en Armenia, o inferiores a 30 metros, para determinar los bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, el municipio deberá respetar la medida de 30 metros, como mínimos señalados en el artículo 83 del decreto 2811 de 1974. 

“La facultad de fijar fajas protectoras inalienables e imprescriptibles inferiores a 30 metros, debe estar precedida por estudios que demuestran la no afectación de las personas y construcciones aledañas”. 

Esta decisión es en primera instancia, por lo que el demandado, que es la alcaldía de Armenia, podrá presentar recurso de apelación. El juzgado precisó que la nulidad de las normas demandadas rigen a partir de la fecha en la que el fallo se encuentre en firme. 

LA CRÓNICA intentó comunicarse con la administración municipal para conocer cuál será su accionar en el proceso, pero no fue posible conocer su posición.  

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Por lo pronto, se debe aplicar lo establecido en el decreto 1077 de 2015 donde el solicitante tendrá derecho a que la licencia de construcción se conceda con base en la norma urbanística vigente del momento de la radicación de la solicitud. 


Los argumentos de la alcaldía en el proceso

En el fallo se evidencia que el municipio señaló que el POT de Armenia respeta lo contemplado en el artículo 83 de la ley 2811 de 1974. 

“El POT respetó el ánimo protector y garantista del legislador en cuanto a la medida de 15 metros a lado y lado de las quebradas y de 30 metros a lado y lado de los ríos, consolidando franjas y rondas de protección de 30 y 60 metros, respectivamente, la cual se encuentra por encima del rango de hasta 30 metros de ancho establecido en la norma nacional”. 

“Desde el ordenamiento territorial se tuvo especial precaución con las garantías que deben brindarse a las áreas que tengan elementos ambientales de protección y conservación”, añadió. 

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La alcaldía considera que cada municipio puede adoptar las franjas mínimas de retiro conforme a las necesidades de su territorio al ser una facultad otorgada desde la  Constitución a cada retiro de desarrollarse de acuerdo a las necesidades ambientales, sociales y culturales. 


Camacol Quindío se pronunció 

"Nosotros acatamos y respetamos las decisiones judiciales, igual no deja de ser una decisión que conforme a nuestros argumentos en el proceso seguimos en desacuerdo y por lo tanto interpondremos los recursos para controvertir la decisión pero acatamos por respeto las decisiones judiciales. Esto no suspende de inmediato los artículos sino hasta que quede en firme la sentencia porque esta es una sentencia en primera instancia y sólo queda en firme una vez se surtan el trámite de responder a los recursos que haya lugar", comunicaron desde el gremio.


En contexto: la unión de los dos procesos

Cabe recordar que la Procuraduría Ambiental de Armenia y Andrés Mauricio Quiceno demandaron de manera independiente los artículos del POT en el año 2017.

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Para dar claridad sobre el proceso, LA CRÓNICA consultó a un experto quien explicó que el proceso de Quinceno —el 277 de 2017— se adelantaba en el Juzgado Primero, mientras que el del ministerio público —el 310 de 2017— era tramitado en el Juzgado Sexto, pero que al final ambos se acumularon porque estaban sobre los mismos puntos con el mismo objeto litigioso.

“Se le puso de presente a las jueces que eran los mismos argumentos y para evitar decisiones contradictorias lo que se hizo fue que los acumularan en el más antiguo que fue el del Juzgado Primero. Andrés Mauricio Quinceno había demandado tres artículos, la Procuraduría demandó cinco  con la misma posición, por lo que las demandas terminaron siendo complementarias”.

Advirtió que la Procuraduría tiene en cuenta en su demanda las pendientes superiores a 45 grados que no estuvieran en suelos de protección, pero que la juez no tuvo en cuenta este punto en la decisión. 

El experto dijo que al no estar en firme la sentencia, los artículos anulados parcialmente gozan de presunción de nulidad, es decir, hasta que no los suspendan sigue siendo legal y que la administración municipal es quien debe decir si se aplican las normas nacionales. 

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Anotó que hay un sistema nacional ambiental precedido por el ministerio de Ambiente y en segundo lugar están las Corporaciones Ambientales Regionales, luego las entidades territoriales. “Si tenemos que el concepto del medio ambiente son 30 metros a cada lado, la CRQ quedó en medio del ministerio y las entidades territoriales, por lo que es fundamental cual sea su posición”. 

 

Discusión nacional 

La discusión sobre las rondas de retiro de las fuentes hídricas no se ha dado solamente en Armenia, este se ha convertido en un tema de relevancia nacional, evidencia de ello son los casos de Yopal, Casanare, y de Pereira, Risaralda. 

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia cita en el proceso la sentencia del Consejo de Estado frente al caso de Yopal, donde también se da la discusión de la aplicación de las normas que determinan las zonas de retiro de las fuentes hídricas. 

El Consejo de Estado decidió confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que negó las pretensiones de nulidad del acuerdo 012 de 2007 “Por el cual se revisa y ajusta el Plan Básico de OrdenamientoTerritorial de Yopal y se dictan otras disposiciones”.

“La Sala coincide con el planteamiento del a quo según el cual, si bien es cierto el mínimo de la ronda hídrica es de 30 metros durante el cauce a lado y lado y de 100 metros en su nacimiento, igualmente lo es que a las autoridades territoriales, en razón de la expedición de la ley 388 de 1997, se les revistió de poderes discrecionales para ajustar dicha medida a las necesidades particulares de su territorio, en virtud de la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal”.  

Asimismo, en Pereira se adelanta un proceso similar al de la ‘Ciudad Milagro’ donde se discuten las rondas de retiro de las fuentes hídricas, pues en la capital risaraldense también están establecidas fajas de 15 metros. 

El Juzgado Primero Administrativo de Pereira acogió los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación para declarar la nulidad de seis artículos del POT de la ciudad. 


Redacción
LA CRÓNICA


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