Domingo, 29 Mar,2020
Colombia / ENE 31 2020 / 1 month before

Reclutamiento de menores sigue siendo generalizado y sistemático en Colombia

Autor : EFE

Reclutamiento de menores sigue siendo generalizado y sistemático en Colombia

Foto : Tw: @salbembe

El observatorio detectó que un "alto número de niños y adolescentes venezolanos se encuentran en zonas de cultivos ilícitos y se están vinculando a las dinámicas propias de la producción de la hoja de coca o en actividades irregulares" en zonas fronterizas.

Más de 7.400 niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento de grupos armados ilegales en Colombia entre 1985 y 2019, una "práctica generalizada y sistemática" que se adapta a las nuevas dinámicas del conflicto en el país, advirtió un informe presentado este jueves.

Tras la firma de la paz con las Farc, en noviembre de 2016, "la dinámica de confrontación y violencia se ha mantenido por la presencia, accionar y reconfiguración de otras estructuras armadas", lo que afecta en particular a la infancia, señala el estudio "Reclutamiento y violencia sexual, principales riesgos para niñas, niños y adolescentes en zonas de conflicto en Colombia".

El informe, elaborado por el Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes —Oprob— con el apoyo de la Unión Europea y la ONG Oxfam, fue presentado hoy en Bogotá.

El estudio detalla que en los tres últimos años los grandes responsables del reclutamiento forzado de menores fueron la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional —Eln—, el Ejército Popular de Liberación —Epl— considerado por el Gobierno una banda narcotraficante-, las disidencias de las Farc y bandas herederas de los paramilitares.

"Las amenazas, las falsas promesas de mejores condiciones de subsistencia, la irrupción en escuelas y la ausencia o débil presencia del Gobierno ha hecho que miles de niñas, niños y adolescentes pasen a ser parte de las filas de dichos grupos armados", alerta el documento.

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Eln, disidencias y Clan del Golfo

El Oprob monitoreó durante tres años los riesgos de reclutamiento o violencia para la infancia en regiones de conflicto como la zona del Catatumbo, los departamentos de Meta y Guaviare y las ciudades de Buenaventura, Pasto y Tumaco.

"En Colombia el reclutamiento y la utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sigue siendo una práctica generalizada y sistemática que se adapta con las nuevas demandas del conflicto armado", indicó en el informe Olga Silva, de Humanidad Vigente Corporación Jurídica, una de las organizaciones ejecutoras del proyecto.

Entre 2017 y 2019, el Oprob registró reclutamiento de menores en cinco departamentos y estableció que los municipios donde hay mayor riesgo son Buenaventura —Valle del Cauca—; Tibú, El Tarra y la Gabarra —zona del Catatumbo—, y Tumaco.

El estudio precisa, citando datos de la ONU, que en esas áreas el principal reclutador es el Eln, seguido de las disidencias de las Farc y la banda criminal Clan del Golfo, grupos que intentan llenar el espacio que dejó esa guerrilla tras firmar el acuerdo de paz.

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Menores venezolanos y violencia sexual 

El observatorio detectó además que un "alto número de niños y adolescentes venezolanos se encuentran en zonas de cultivos ilícitos y se están vinculando a las dinámicas propias de la producción de la hoja de coca o en actividades irregulares" en zonas fronterizas.

El Oprob también analizó, entre 2017 y 2019, casos de violencia sexual contra menores en los cinco departamentos, pero alertó que existe un subregistro muy alto de la situación.

Dentro de este tipo violencia, el informe denuncia un aumento de las amenazas contra las mujeres y niñas que sostienen relaciones sentimentales con miembros de grupos armados ilegales y un alza de la cifra de niñas venezolanas que son víctimas de explotación sexual en lugares públicos.

La población "no se atreve a denunciar los casos de violencia sexual por la presencia y las amenazas de los actores armados, la falta de una acción efectiva de las autoridades judiciales contra los responsables y la falta de confianza en las instituciones públicas", expresó Sandra Patricia Mojica, gerente del Programa de Derecho a Justicia de Oxfam en Colombia.


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