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TAQ negó recurso de reposición por fallo sobre el Pbot de Quimbaya

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TAQ negó recurso de reposición por fallo sobre el Pbot de Quimbaya

El fallo dio nulidad al decreto 062 de 2017, por medio del cual se daban unas facultades al alcalde para regular el Pbot.

El Tribunal Administrativo del Quindío informó que la sentencia es de única instancia. 

El Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, negó el recurso de reposición interpuesto por la alcaldía de Quimbaya, tras conocer el fallo que invalidó el decreto 062 de julio de 2017, por medio del cual se modificaría parcialmente el decreto 118 de 2012 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot, del municipio. (En contexto: Quimbaya interpondrá recurso de reposición a fallo del TAQ sobre Pbot)

“Nosotros interpusimos un recurso de reconsideración y lo rechazaron, porque el fallo es de única instancia”, informó el alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino.

Según el tribunal, existen unas instancias de concertación frente a los Pbot e indica que un nuevo plan consiste en socializarse con los consejos de gobierno y planeación, además con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, instancias que no se agotaron por parte de la alcaldía municipal.

De esta forma, el documento legal manifiesta que no se cumplieron con las etapas de concertación expuestos en los artículos 4, 5, 6 y 8 de la ley 388.

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Nathalie Arenas, jurídica de la administración local, expuso ante el concejo municipal las implicaciones de dicha sentencia, asegurando que, en el momento que se presentó el proyecto de acuerdo ante los corporados, se manifestaron las necesidades claras de la comunidad.

“El Pbot de Quimbaya corresponde al 2002, por lo que se encuentra desactualizado. La alcaldía tenía ya todas las labores del nuevo plan, pero se requería expedir un acto administrativo que lo regulara”, explicó la funcionaria.

Manifestó que el municipio no estuvo de acuerdo con la decisión de los magistrados, sin embargo, teniendo en cuenta que es de única instancia, tendrá que ejecutarlo.

“La alcaldía, en su momento, realizó la socialización y concertación respectiva, no obstante, no se citó directamente al consejo territorial de planeación para exponer el decreto, pero sí se dio a conocer el nuevo proyecto, que se encuentra en etapa de revisión”.

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Puntualizó que el decreto 062, anulado por el TAQ, no expidió un nuevo Pbot, sino que realizó una regulación, para poder realizar proyectos de vivienda en el municipio.

“La administración procederá a realizar un procedimiento legal con el nuevo plan, y lo que hizo el concejo aprobando el decreto fue dar facultades protempore al alcalde para dos meses, ya que estas estaban vencidas”.

Arenas informó que Pérez Cotrino no volverá a pedir las facultades, por lo que se decidió solicitar modificaciones a través de un nuevo acuerdo municipal, “para no incurrir en una nulidad de los actos administrativos”.

“El decreto no era ilegal, el error estaba en la realización del procedimiento frente a lo que manifiesta el tribunal”.

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“El municipio necesita expandirse”

El concejal del partido Cambio Radical, John Harol Rengifo, lamentó lo dictado en el fallo, pues aseguró que el municipio necesita expandirse.

“Le pregunté a la jurídica qué tan cierto es que la administración no contestó dicho fallo en el debido tiempo, ya que de ser así, en este momento no tendría que dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal. La alcaldía se vio en la obligación de expedir el decreto 118, el cual dice cuáles son las zonas que se delimitan en el municipio y en ningún momento se está cambiando el uso de suelos”, dijo el corporado.

A estos cuestionamientos, Nathalie Arenas aseguró que el tribunal no cita a audiencias, sino que solicita una contestación. “Pidieron la respuesta el 6 de julio de este año y nosotros la hicimos el 10 de julio”.

Por su parte, el segundo vicepresidente del concejo, John Jairo Londoño, afirmó que era vital una socialización frente a la sentencia, ya que en varias líneas de la misma se nombra a la corporación.

“Es muy claro lo que dice el ministerio público con respecto a establecer que no es debido delegar esta función a la administración, ya que faltaban procedimientos  e instancias que se debieron agotar. De alguna manera, el concejo municipal tampoco lo  tuvo en cuenta”, expresó Londoño.


Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA



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