Opinión / JUL 20 2018

¿Y la participación ciudadana?

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El pasado 13 de julio registró el boletín oficial de la alcaldía de Armenia la reunión sostenida entre el alcalde (e) Álvaro Arias Young y los integrantes de la junta directiva de Camacol Quindío

Allí, supuestamente, se “trazaron las líneas de acción y construyeron, en colectivo, los puntos que permitirán destrabar los procesos en beneficio de toda la ciudadanía”. Así mismo, se acordó que “en los próximos días los equipos técnicos de Camacol y de la alcaldía se van a reunir para analizar todo lo relacionado con la Norma Ambiental Urbana y el Plan de Ordenamiento Zonal de la avenida Centenario, además se encargarán de solicitar una reunión con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, con el fin de trabajar de la mano con la autoridad ambiental... La idea es que el próximo 24 de julio se efectúe una nueva reunión en la que expongan las recomendaciones de los equipos técnicos, ver los avances y seguir la senda juntos”.

En el entendido que una política de ordenamiento territorial no se concibe sin el ingrediente integral de su “construcción social” es oportuno que los delicados temas antes enunciados sean objeto de un ineludible compromiso por parte de los actores ambientales, sociales, culturales, académicos y económicos de Armenia para identificar, entre todos, la visión del territorio, primero, adoptando una actitud muy respetuosa con el entorno natural —Agua, paisaje, ecorregión, seguridad alimentaria— y segundo, en procura de una ordenada densificación del área urbana que articule y equilibre el espacio público con el área edificable, haciendo uso de una necesaria complementariedad y articulación entre la habitabilidad, los usos, la movilidad y los equipamientos.

La reorientación del desarrollo de un territorio no debe obedecer solamente a un proceso técnico. Para crear condiciones de legitimación de las decisiones, la constitución nacional ordena que en su formulación y control debe estar presente la concepción de soberanía de la comunidad —participación ciudadana— y por ello es obligatorio promover y fomentar espacios para el ejercicio de democracia. Las fórmulas del ordenamiento del territorio deben partir de la interpretación juiciosa del derecho a la ciudad, en contra de modelos y normas impuestos por la especulación inmobiliaria, generando como producto lo que se conoce como ‘urbanización salvaje’, tema al que me referiré en próximas columnas.

Vale la pena recordar que Arias Young afirmó: “Desde esta administración se está promoviendo un modelo de trabajo en conjunto, de frente a los actores del desarrollo de la ciudad, en aras de tener una Armenia moderna, contemporánea, con una administración que sea ágil, que responda y que interprete las necesidades de sus gremios y de la sociedad civil organizada”.


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