Domingo, 13 Oct,2019
Opinión / AGO 25 2019

Inseguridad jurídica

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Es tal la proliferación de normas entre leyes, resoluciones, decretos, circulares que plantea estudio de Planeación Nacional, que es mayor el caos y la confusión que generan entre los entes encargados de su aplicación, para alcanzar eficiencia interna y mejorar su efectividad.

Un promedio de 2.200 normas por año como lo plantea el análisis, 6 por día, es un problema de inflación normativa y así lo reconoce esa dependencia del Ejecutivo. Generan inseguridad jurídica y todo tipo de herramientas para que los abogados, defensores mañosos acudan a las ya reconocidas argucias para dilatar procesos, hasta conseguir los perversos vencimientos de términos que van dejando en la impunidad cualquier cantidad de faltas contra el Estado y la administración pública.

Aparte de esto, da la sensación que en Colombia nos hemos acostumbrado a buscar la solución más facilista a todo tipo de problema, mediante la expedición de nuevas normas, antes que buscarla en las existentes. Es por esto que después de haber adelantado el referido inventario, se ha comenzado la incorporación del llamado análisis de impacto normativo, que busca analizar a fondo cómo emitir una norma, revisar previamente si es necesario hacerlo y determinar su costo beneficio. Razón tiene el amigo lector Carlos A. Tamayo, quien haciendo referencia el pasado domingo a la comentada ley sancionada por la presidencia de la República para prevenir la pérdida y deterioro de alimentos, manifestó que en nuestro país no es necesario que se sigan expidiendo tantas leyes. Lo que hace falta es mayor conciencia, mayor sensibilidad, mayor honestidad y actuar dentro de la legalidad vigente, antes que buscar mecanismos que faciliten evadir la normatividad o pretender justificar lo injustificable. Es más, muchas de ellas, buscan acomodarlas a las conveniencias particulares de quienes están llamados a acatarlas y aplicarlas y así favorecer allegados comprometidos en violaciones a tal normatividad, dejando a un lado principios fundamentales de objetividad, imparcialidad, subrogación al interés colectivo, transparencia y equidad. Hasta se pretendió aprovechar la coyuntura para derogar más de 10.000 normas, entre ellas el antiguo Código de Procedimiento Penal, bajo el cual se tienen en proceso varios casos, obvio con oscura finalidad.

Todo es parte del caos de nuestra justicia, que día a día nos avergüenza más ante el mundo con casos tan aberrantes como los registrados esta semana con el magistrado Ricaurte, protagonista del cartel de la toga, y Carlos Palacino, gestor de la quiebra de Saludcoop por actos de corrupción, a quienes les dejaron vencer los términos, contrario a lo que registran nuestros vecinos, quienes envían a la cárcel corruptos, no importa su rango, incluidos presidentes. 


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