Viernes, 22 Nov,2019
Opinión / SEP 17 2019

Día de la Democracia

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De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución de 1991, Colombia es un país democrático y participativo, es decir a la luz del derecho somos una de las naciones más democráticas del mundo, pasamos de la abstracta y anacrónica democracia representativa a la democracia participativa, proceso que comenzó con el Consejo Nacional de Planeación, un organismo de participación ciudadana, posteriormente con la ley 134 de 1994 que entregó a los colombianos mecanismos jurídicos para su intervención y participación en asuntos políticos y públicos. 

A partir de allí se fueron incorporando normativas al ordenamiento jurídico para fomentar y motivar la participación ciudadana en diversas áreas, para la protección de niños, jóvenes y adultos mayores; dando paso a organizaciones novedosas como los consejos de la juventud, paz, cultura, de infancia y adolescencia; se crearon los conciliadores en equidad, los jueces de paz y se activaron los manuales de convivencia ciudadana. Se estableció una compleja estructura institucional y jurídica para consolidar y facilitar la inclusión y participación ciudadana en la elaboración, desarrollo, ejecución y control de las políticas públicas. No hay dudas, el marco normativo de inclusión social colombiano, estableció unos rangos democratizadores muy elevados, significativos e innovadores en América Latina; sin embargo, es evidente que los cambios en las formas de hacer política, en la dinámica democrática y en el comportamiento social han sido muy pocos, pues prevalecen las viejas prácticas politiqueras y corruptas. El pasado 15 de septiembre se celebró el día de la Democracia, pasó casi desapercibido, tal vez por ser día festivo, pero es importante hacer algunas reflexiones sobre la realidad democrática regional; seamos honestos, en teoría desde 1991 disfrutamos de una democracia participativa, que le permite a los ciudadanos de a pie participar en la toma de algunas decisiones en las administraciones locales; también puede, en concordancia con las normas, ejercer veedurías de control al manejo de los dineros públicos; pero tanta dicha —¡obvio que no puede ser verdad!—, basta con tener en cuenta lo ocurrido con las administraciones más recientes en Armenia, y para poner solo un ejemplo, miremos el plan de desarrollo que presentó Carlos Mario Álvarez Morales al concejo para su aprobación, y que se supone surgió del plan de gobierno que como candidato inscribió ante la registraduría; pero por razones conocidas no pudo continuar su mandato; entre breves encargos y la designación de Óscar Castellanos Tabares, para finalizar el periodo de 4 años, son cinco los mandatarios durante este tiempo, lo que significa que el plan de desarrollo como lo conoció la comunidad y lo aprobó el concejo no se podrá cumplir a plenitud. La comunidad no fue informada, ni escuchada, eso es vergonzoso; pues por un lado pareciera que a la ciudadanía no le interesa conocer los asuntos públicos, y a los gobernantes les favorece que ella no los conozca. A eso no se le puede llamar democracia, y menos participativa. 


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