Opinión / AGO 02 2020

De naturaleza civil

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Colombia, en los últimos años ha tenido que vivir una difícil situación social y política, adicionada con una violencia creada por un sinnúmero de agentes facilitadores. Por lo cual, se ha hecho necesario desarrollar el concepto de ‘policía’ bajo la orientación de la Policía Nacional de todos los colombianos, como una institución de defensa y seguridad del Estado, que propende por el orden y el cumplimiento de la ley. Por estos criterios, la institución es la responsable de la consecución de los ‘fines comunes’, ante la libre determinación de cada individuo o grupos sociales, por medio de la intervención policial que busca eliminar el desorden social y mantener el equilibrio.

Por lo tanto, la Policía Nacional por mandato de la carta magna y como integrante de la fuerza pública junto con las fuerzas militares, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, la cual tiene como misión asegurar a los habitantes de la nación la vida, la convivencia, la justicia y la paz dentro de un ámbito jurídico que garantice un orden justo y preserve el orden público interno. La institución es de trascendental importancia para el Estado y especialmente para la sociedad, ya que de su accionar depende que los asociados puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades en el marco de la constitución y las leyes en el territorio.

La jurisprudencia en el país ha establecido que la naturaleza civil de la Policía Nacional, deriva del hecho de que es una autoridad administrativa que ejecuta funciones preventivas más no represivas, para que cumpla a cabalidad los preceptos constitucionales que se le imponen como institución. Su misionalidad se diferencia a la de las fuerzas militares, a los cuales les compete preservar, conservar y sostener la soberanía ante un ataque que ponga en peligro la independencia y el orden constitucional, en cambio, a la institución policial le corresponde garantizar el conjunto de condiciones fácticas, cuya intangibilidad permite el desarrollo inalterado del funcionamiento de la institucionalidad, en el ejercicio pacífico de los derechos primarios y las libertades públicas.

Conforme a lo anterior, la Policía en el sentido lato es la reglamentación de la ciudad, se encuentra regida por los pilares contenidos en la Constitución Política y por aquellos que derivan de la finalidad específica de la Policía Nacional, al mantener el orden público como condición para el libre desarrollo de las libertades democráticas. De ello se desprenden unos criterios que sirven de medida en el ejercicio de la función pública de Policía, con unas características especiales que nos dan la certeza de un cuerpo profesional, moderno, representativo en un Estado social de derecho en el siglo XXI, y de naturaleza civil que actúa contra quien perturba la convivencia ciudadana y no contra quien hace uso legítimo de sus libertades y 

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