Opinión / MAY 23 2020

El pasado no perdona

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La corrupción trabaja en silencio. Evita hacer mucho ruido. El enemigo conoce mejor el sistema que el resto del mundo. Son ‘pisa suave’ en la esfera pública. Y se creen inteligentes.

Tienen una jerarquía de mando que les permite tener el control. Luego, existe en el último eslabón de la cadena, los propagandistas: personajillos que tienen la función de crear un ambiente de propaganda direccionada con el fin concreto ocultar las acciones de corrupción de sus jefes, mientras con timbales distraen el verdadero problema. 

Y de hecho, cuando se estaban robando la plata de los contribuyentes de valorización en la ciudad de Armenia, el que funge de veedor de la ciudad, Alejandro Rodríguez Torres, no salió a advertir lo que venía realizando su jefa. 

Su función era de timbalero, y omitió denunciar también a los suyos.  

Quizás tenía miedo de enfrentarse a la clase más corrupta del departamento de Quindío, el ‘carrielimo’. Presumo que salió corriendo como lo hizo cuando la Fiscalía lo encontró ‘persona ausente’ por el caso de no cancelar —ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales— dineros correspondientes a los periodos 11 del año gravable 2003. El juez del caso dijo: “Dentro del proceso no existe la menor duda de que Alejandro Rodríguez Torres, como contribuyente responsable del impuesto a las ventas debido a la actividad generada como comerciante, no canceló las sumas de dinero, que había declarado como retención en la fuente, según las declaraciones privadas presentadas como contribuyente y a pesar de haber sido requerido con tal finalidad, prefirió abandonar la ciudad y ocultarse con el único fin de evadir el pago a que está obligado”. 

Considerado como prófugo de la justicia en el momento de los hechos, el mismo juez de ese entonces lo condenó a la pena de 36 meses de prisión y una multa de $1.422.000. Adicionalmente, una inhabilidad para contratar con el Estado. Condenas que el señor en mención ha cumplido. Sin embargo, como el pasado no perdona, es la prueba requerida para que los ciudadanos de Armenia conozcan a qué está acostumbrado hacer el que se hace llamar ‘veedor ciudadano’. 

No es de entera confianza que aludida persona, cuya conducta del pasado pone en duda todo lo que prolifera en el presente, se denomine como protector de la moral pública. 

Reprochable también es que siga intentado proteger los intereses de otros grupos de presión política que, desde la cárcel, continúan gobernando la ciudad de Armenia. Y un asunto más peligroso: la alianza establecida con el uribismo recalcitrante del Quindío. Cuya misión es ocultar —a través de una veeduría— lo que ha sido el verdadero problema corrupción en la capital quindiana. No tienen ellos legitimidad en el ejercicio del control social.  
 

Vea las pruebas aquí.


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