Opinión / DIC 11 2011

El vía crucis de las pensiones

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Nuevamente el gobierno ha ratificado su intención de presentar al Congreso la reforma pensional, sobre la base sustancial de asegurar la sostenibilidad de esta prestación social. Infortunadamente siempre se insiste en las fórmulas más facilistas y que menor esfuerzo burocrático le representen para sacarla adelante, pese a que ya otros intentos recientes han salido fallidos.

Expertos y tratadistas ampliamente conocedores de la materia, han planteado con plena razón y hasta la saciedad, la imperiosa necesidad de eliminar los odiosos e injustos sistemas privilegiados de pensiones para sectores como la rama jurisdiccional, fuerzas armadas y de policía, el mismo Congreso de la República, este último encargado finalmente de darle el toque definitivo a una reforma con tal enfoque, lo que desde luego representaría una gran limitante por claro conflicto de intereses. Para el gobierno pareciera como única fórmula viable y central, el aumento en la edad y en el número de semanas cotizadas. Suena a suspicacia, pero por algo se le está buscando puesto en un organismo internacional, a uno de los férreos opositores de una reforma basada exclusivamente en el ataque a los intereses de la población más vulnerable, como lo ha sido en este caso el vicepresidente Angelino Garzón.

Y a propósito del tema pensional, este servidor escuchó esta semana comentario de una persona altamente vinculada desde muchos años atrás con el sector político y burocrático, en el sentido que la orden que tiene el Seguro Social Pensiones, es detener en la mayor medida posible y en lo que más se pueda, las cuantías de reconocimiento de esta pensión, incluida desde luego las de los retroactivos a los nuevos pensionados, las de conyugues a cargo, entre otras, interponiendo para ello toda clase de trabas y argumentos, así estos no correspondan a la legalidad.

Seguramente esta estrategia nada ortodoxa y si altamente injusta e irracional, les habrá arrojados resultados en muchos casos de personas ignorantes de sus derechos, pero en muchos otros a quienes finalmente está beneficiando es a la jauría de abogados que acechan con sus propuestas de asesoría “gratuita” a todos quienes se encuentran en proceso de reconocimiento de su pensión o demás derechos relacionados para defenderlos cuando la entidad pretenda vulnerar sus derechos. Por supuesto, tales asesores jurídicos saben que van a la fija después de analizar el caso en la fase “gratuita” y que del proceso que se comprometen a adelantar sacarán una tajada mínimo del 30% de lo que el Estado le debería estar reconociendo al ciudadano sin la necesidad de esa intermediación.

Las preguntas que vienen al caso son: Si el futuro o actual pensionado tiene sus derechos claramente respaldados por las normas legales, ¿por qué razón tiene que ser forzado por el gobierno a acudir a esa práctica para que finalmente tengan que desembolsar esos recursos, incrementados con las costas jurídicas, intereses y demás conceptos, amén del desgaste y la mayor pérdida de tiempo que esto representa? ¿Será que aparte de la presunta estrategia estatal pretendiendo bajar el presupuesto de las pensiones, existe algún amangualamiento entre funcionarios del Instituto y las firmas de abogados? Puede ser suspicacia, pero en un país con tan altos índices de corrupción, eso es altamente probable.


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