Opinión / JUN 29 2020

¿Cadena perpetua?

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Como muchos, soy pesimista sobre la capacidad que tiene el Congreso de Colombia de producir buenas leyes. Pese a que necesitamos cambios esenciales en muchas normas jurídicas para afrontar grandes problemas del país como la reforma pensional, la urgente reforma a la salud, las inaplazables reformas a la justicia y a la política, el Congreso acaba de recurrir a uno de sus peores instintos, el populismo punitivo: cadena perpetua para los violadores de niños, niñas y adolescentes. Otra vez a jugar para la tribuna.

Los argumentos son conocidos: que los violadores reciban un castigo acorde con el delito, que con penas de esta naturaleza se evitan futuros crímenes, que los violadores no se pueden resocializar, etc.

La tesis es elemental: la violación de menores es un delito repudiable, nadie lo discute, el Estado debe entonces responder con la peor retaliación posible, esto ayudaría a reducir la comisión de estos delitos y constituiría una respuesta contundente a un problema gravísimo.

Pero los argumentos en contra son muchos, resumamos: El incremento de las penas no previene los crímenes, desde el siglo XVIII Cesare Beccaria comprobó que la crueldad de las penas no disuade al delincuente; las penas para estos delitos en Colombia son muy altas, pueden ser hasta de 60 años, es decir quien lo cometiere podría pasar toda una vida en prisión; establecer la cadena perpetua implica alterar el principio de la posibilidad de resocialización de las personas que es un pilar filosófico de nuestra Constitución, desvertebrando el sistema penal y dejando por fuera otros delitos gravísimos como el genocidio; porque hay alternativas mejores como la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de violación, de manera que se pueda perseguir y juzgar al delincuente en cualquier tiempo, mejorar los sistemas de información o adaptar los mecanismos de denuncia tal como lo recomienda Naciones Unidas en su comité de los derechos del niño.

La cadena perpetua se utiliza para saciar la sed de “justicia”,entendida en su significado más primitivo, más vengativo, pero no reduce el verdadero problema: la abrumadora impunidad que reina en estos casos, además no protege a los menores, ni rehabilita al victimario, ni facilita el trabajo de los operadores de justicia.

La defensa a ultranza de la cadena perpetua es un acto vacío que produce mucho ruido y oculta el debate complejo que hay en el fondo: el Estado colombiano, como con el genocidio de los líderes sociales, está muy lejos de tener las capacidades necesarias para solucionar este problema de raíz.

¿Qué hace entonces el Congreso? Como este delito indigna tanto, se vuelve un tema taquillero y entonces legisla, pese a la evidencia en contrario, partiendo de la base simplista de que la cárcel es la solución a nuestros problemas. Eso se llama populismo punitivo.


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