Domingo, 13 Oct,2019
Opinión / NOV 27 2018

Campesinado, hacia otra historia

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En la columna anterior, a propósito de la adopción de la “Declaración de derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales” por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abordé sucintamente lo que en términos de ética medioambiental significa la lectura de la agricultura campesina en clave de derechos humanos. Este proyecto, liderado por el Movimiento Campesino Internacional —Vía Campesina— ha logrado otro avance decisivo. El pasado 19 de noviembre la declaración fue aprobada en New York por el tercer comité de la asamblea general de la Naciones Unidas: 149 votos a favor, 7 votos en contra y 49 abstenciones, entre ellas la de Colombia. 

No es sorpresiva la posición hostil del gobierno colombiano frente a esta iniciativa en favor del campesinado, muy a pesar de la solicitud que varias organizaciones sociales y campesinas del país hicieran al Estado colombiano para apoyar la declaración. De hecho, los campesinos han sufrido una discriminación sistemática por parte del Estado. Prueba de ello es la negación a que sus condiciones socioeconómicas y especificidades culturales sean censadas. Así ocurrió con el censo nacional agropecuario de 2014 y con el censo poblacional de 2018. Sobre este último, la Corte Suprema de Justicia criticó el hecho de que ese estudio no permitía la identificación efectiva de la población campesina en Colombia. Al respecto, la controversia con el Dane se centró en la ambigüedad del concepto de campesino y en que ya no había tiempo para incluir nuevas preguntas. En realidad, años atrás, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia había propuesto una noción de campesino que eliminaba cualquier relativismo interpretativo y, en coherencia con esta propuesta conceptual, había formulado una serie de preguntas que tampoco fueron tenidas en cuenta por la institución encargada de proyectar el censo 2018. 

Esta animadversión estatal respecto a los campesinos se manifiesta aun cuando ellos son los más pobres entre los pobres. Según estudios del año 2012, “en el campo, los pobres son el 65% y los indigentes el 33%” (Semana). No obstante, esta situación de precariedad campesina contrasta con su valioso aporte en materia de seguridad y soberanía alimentaria: “el 80% de los pequeños campesinos tiene menos de una unidad agrícola familiar, es decir son microfundistas. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos” (Semana, 2012).

Con la aprobación de la declaración y su ratificación oficial en diciembre próximo, el Estado colombiano estará comprometido a cambiar su histórica postura discriminatoria en favor de multinacionales que pretenden controlar el sistema agroalimentario mundial a costa de los socioecosistemas. Ancestralmente la agricultura campesina ha puesto en obra una cultura técnica que implica relaciones resilientes con la naturaleza y entre humanos. Esto requiere ser censado y valorizado.


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