Editorial / MAY 27 2020

Desamparado

Se pueden atravesar o encadenar los defensores del territorio a las palmas de cera y la aplanadora de la megaminería les va a pasar por encima, porque no hay una legislación que les dé la razón que les sobra para oponerse.

Desamparado

El fallo del Consejo de Estado, negando el derecho de amparo solicitado por defensores de esa riqueza ambiental que hay en Salento, para que se revisara la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Quindío de dejar sin piso legal el acto administrativo expedido por el concejo de Salento, que pretendía prohibir en ese territorio las actividades mineras de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala, confirma que la biodiversidad en Colombia tiene más posibilidades de amenazarse y destruirse que de protegerse.

El conducto regular se ha ido agotando para evitar que una buena parte de Salento no sea destruido por prácticas mineras devastadoras y nada ha servido. Ni siquiera para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no con que a ese territorio edénico entraran las retroexcavadoras y volquetas cargadas de muerte ha habido una ruta expedita. Aunque el Tribunal Administrativo del Quindío, como tenía que ser, avaló la consulta salentina, la misma no se llevó a cabo y si así se hubiera hecho tampoco hubiera servido de nada porque lo que piensa y quiere la población sobre el uso del subsuelo no cuenta. 

Lo único claro es que al respecto hay un limbo y atraso jurídico y hay falencias en la legislación que por ahora como que a quienes deben hacerlo no les interesa aclarar o subsanar. La protección del territorio, la biodiversidad y el agua, parece no ocupar un lugar importante en la agenda del ejecutivo nacional y tampoco tiene mensaje de urgencia en el legislativo.  Aunque el concejo de Salento hizo eco del clamor de un municipio y de un departamento, que en repetidas ocasiones ha dicho no a la megaminería, el acuerdo y con razones legales, más no por lo que le conviene al territorio, fue desestimado por el gobierno departamental y el Tribunal Administrativo del Quindío hizo lo propio.

La posición adoptada por el gobierno quindiano saliente, también apoyada en un concepto de legalidad pero que se aleja de lo que piensa y quiere el pueblo, ratificó que el acuerdo del concejo del municipio padre no sirve para frenar el otorgamiento de títulos mineros en esta parte del territorio quindiano. De nada sirve que un concejo o una alcaldía o una gobernación se oponga a la megaminería, eso lo sabe el ejecutivo nacional y guarda silencio y lo conoce el legislativo y no hace nada. La única voz que se escucha en el Congreso con insistente preocupación sobre el asunto, es la del representante quindiano Luciano Grisales Londoño, quien además lo ha manifestado ante el gobierno central y las autoridades ambientales, pero una sola golondrina no hace verano.

De qué sirve que los ejecutivos locales regulen el uso del suelo, si ni los gobiernos locales ni la comunidad tiene voz y voto para las decisiones que se tomen con respecto al uso del subsuelo. Si no se modifica la legislación al respecto, el número de títulos mineros en estudio y otorgados para explotación del subsuelo de Salento seguirá en aumento. Y lo mismo va a pasar en el resto de la cordillera quindiana.

Ahora toca acudir a un tribunal internacional, con la fe del que siempre madruga en el campo, a ver si desde afuera les hacen entender a los de aquí que están autorizando la destrucción de un paisaje majestuoso, una estrella hídrica, la cuna de un tesoro en fauna y flora inigualable y un aire limpio. 

La realidad mundial cambió hace varios años, las amenazas a esa condición de país biodiverso son cada vez mayores, pero Colombia se sigue rigiendo por un código minero vetusto y nocivo que no quieren actualizar porque hacerlo es menos rentable para los bolsillos particulares aunque sea lo más aconsejable para la sostenibilidad de un territorio que hoy está completamente desamparado por el Estado.

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