Opinión / JUL 08 2020

Ejército ¿héroes o villanos?

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El artículo 217 de la Constitución Política expone que la Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Ahora bien, el Ejército Nacional como parte de las fuerzas militares de Colombia, a lo largo de su historia se ha visto inmerso en serios cuestionamientos sobre el profesionalismo e integridad de las personas que lo conforman, no obstante, a pesar de los altibajos que ha tenido en el cumplimiento de su función constitucional y legal, esta entidad comparte, junto con la Defensoría del Pueblo, el primer lugar en imagen positiva entre las instituciones del Estado con un 68 %, según el Centro Nacional de Consultoría en encuesta realizada en el año 2019.

En este contexto, de acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, el pasado domingo 21 de junio de 2020, 7 miembros del Ejército Nacional cometieron un atroz crimen —violación— en contra de una niña indígena del corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda. 

Debido a esto, muchas personas han realizado exigencias con el fin de que se desmantele el Ejército Nacional, como medida para evitar este tipo de hechos en contra de la ciudadanía, situación que a mi criterio no es objetiva, puesto que no se puede condenar a una entidad por el crimen cometido por algunos de sus miembros. 

Es como si quisiéramos que cerraran las iglesias por los delitos que han cometido algunos pastores, que clausuraran el Congreso de la República por los delitos cometidos por algunos congresistas, o peor, que cerraran las instituciones educativas por los crímenes de docentes en contra de estudiantes. Es decir, ‘generalizar siempre es equivocarse’.  

 Finalmente, considero que, si un miembro de una entidad pública o privada comete actos ilícitos, debe ser investigado y judicializado con el propósito de que responda ante un juez y no como piensan otros que, al suprimir, fusionar o cambiar el nombre de las entidades, se acabarían los hechos delictivos que cometieron algunos de sus miembros, tal y como ocurrió con el Das y Fonade. 

 


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