Opinión / SEP 24 2019

El delito sí paga

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Los países más corruptos son aquellos que tienen más leyes. Es nuestro caso, donde menos del 1% de los delincuentes imputados termina condenado. Es decir más del 99% de los delincuentes goza de impunidad. El sistema está hecho para delinquir. Las leyes las hacen políticos corruptos a su amaño. Yo te elijo y tú me ‘investigas’. 

Existe un contubernio tácito entre legisladores, gobernantes, organismos de vigilancia y judiciales. Como casi todos tienen rabo de paja, montaron una cadena de blindaje entre todos, donde nadie vigila a nadie; además, se reforzaron con el fuero especial, y el principio de oportunidad, que es una feria de rebajas y descuentos. Por eso, el imperio de la corrupción y la impunidad sigue imparable. 

 La justicia es inoperante, ineficiente y selectiva. Son recurrentes los casos de libertad o preclusión de procesos por vencimiento de términos, o por sobornos. Las condenas a Luz Piedad Valencia y Ánuar Oyola no guardan relación con la cantidad y gravedad de delitos cometidos. Las penas aplicadas fueron mínimas y se convirtieron en un premio, en un incentivo para seguir delinquiendo. ¿Cuál fue la colaboración con la justicia? ¿A quién delataron? Por eso, siguen manejando desde el sitio de reclusión la alcaldía de Armenia y el poder político. Esas insignificantes penas son una burla para los ciudadanos que ven cómo los corruptos que los atracaron, se quedaron con el dinero mal habido. 

La investigación de la fiscalía no avanza sobre otros actores que participaron en el concierto para delinquir de valorización, como los concejales que aprobaron el proyecto y recibieron cientos de millones de pesos como se dice en la calle; o se beneficiaron de ese dinero, como el gobernador Carlos Eduardo Osorio a quien le financiaron la campaña. 

A David Barros Vélez por muchos menos delitos y menor enriquecimiento ilícito le impusieron penas de más de 25 años. En cambio, Amparo Arbeláez y Sandra Paola Hurtado gozan de total impunidad. Lo que demuestra que no todos somos iguales ante la ley. Las leyes existen pero no se cumplen, ni hay quién las haga cumplir. Los términos judiciales tampoco se cumplen. El suprimido ‘Consejo Superior de la Sinverguenzura’, mediante acto legislativo 02 de 2015, sigue funcionando y permitiendo que jueces, fiscales y magistrados prevariquen por omisión en el cumplimiento de sus funciones, sin recibir ninguna sanción.

Después de 4 años, los diputados que prevaricaron con la aprobación inconstitucional de unas ordenanzas siguen sin recibir la pena establecida en la ley. Están amparados en el mejor abogado llamado, vencimiento de términos. Ni cumplen la suspensión e inhabilidad de 9 meses por elección ilegal del contralor. Tampoco los concejales de Armenia han sido sancionados por la ilícita elección de la personera municipal. La procuraduría politizada solo hace shows mediáticos de investigaciones preliminares y no ratifica en segunda instancia las sanciones impuestas. Delinquir si paga.


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