Opinión / ABR 17 2016

El paro armado

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Anunció una cuadrilla de delincuentes que haría un paro armado en sectores de la Costa Atlántica y de Antioquia. Y el aviso público lo dio con anticipación. Y cumplió lo prometido: paralizó muchos municipios, tanto en las áreas rurales como en las zonas urbanas. La obligación que tienen las autoridades de mantener el orden público y recuperarlo cuando fuere turbado, en este caso fue letra muerta.

Todas las noticias que se conocen indican que la población tuvo que acatar las órdenes de los delincuentes, a tal punto que en Montería, una ciudad importante, el comerció cerró sus puertas. La pregunta que surge espontáneamente es elemental: si se conocía cuando ocurriría el paro, ¿por qué la fuerza pública no actuó para hacer frente a las amenazas y garantizar la seguridad de la población? ¿No tiene el gobierno la capacidad militar para doblegar esas bandas criminales?

Lo acontecido pone sobre el tapete inquietudes fundadas en lo que tiene que ver con los acuerdos que se están pactando con las Farc y que comienzan con el ELN.

La organización Human Right Watch ha denunciado la impunidad que se está asegurando para los criminales de las Farc, en La Habana. Esto, sumado al hecho de que sus integrantes hayan continuado dedicados a la extorsión durante todo el tiempo que han durado las conversaciones de paz, da pie a suposiciones que no permiten mirar el futuro con tranquilidad.

La primera, tiene que ver con las armas de las Farc. No existe ninguna manera de verificar que entreguen todas las armas, porque hasta el momento nadie conoce la cantidad y calidad de esas armas. El conservar algunas creará la posibilidad de que sigan extorsionando a los colombianos, como lo han hecho siempre. Con razón dice el refrán que maña vieja no es resabio.

El paro armado no fue nada diferente a una gigantesca extorsión, cometida públicamente, a la vista de todas las autoridades y con su tolerancia o indiferencia.

Y directamente relacionado con este tema está el de la ubicación de los integrantes de las Farc, después de la firma de la paz. Los sitios señalados no pueden decidirse por los delegados de los bandidos ni por el gobierno, sin el consentimiento de los habitantes de las respectivas regiones. ¿Por qué? Por estas razones.

En alguna parte (no recuerdo exactamente dónde) se dijo que el Quindío recibiría algunos centenares de estos beneficiarios de la impunidad. Nada más inaceptable e injusto que esto. Hay que recordar que después de 1946 y hasta 1957, el Quindío (y en especial Armenia) padeció la más atroz violencia.

Esta fue la causa para que muchos emigraran a Bogotá, Cali y Medellín. Esos años de barbarie retrasaron el progreso de la región por muchos años, veinte o más.

Si esto es así, ¿por qué traer al Quindío gentes indeseables como éstas? Sería un castigo inmerecido para esta región.

Es verdad que los bandidos supuestamente arrepentidos tendrán que vivir en alguna parte de Colombia. Pero lo indicado es mantenerlos en las zonas donde ahora actúan. Allí, donde se les conoce, sería más fácil vigilarlos, tenerlos bajo control. 

Y unas consideraciones finales. El gobierno sigue repitiendo que las Farc indemnizarán a las víctimas de sus crímenes o a sus causahabientes. ¿Cómo será la reparación? Necesariamente, económica. Pero, si de conformidad con sus representantes en las tertulias de La Habana, esa organización criminal es paupérrima, a tal punto que, por cuenta de todos los colombianos, a cada uno de los bandidos se les pagarán casi dos millones de pesos mensuales, durante cinco años; la pregunta es obligatoria:

¿quién indemnizará a las víctimas? Y la respuesta forzosamente tiene que ser ésta: la reparación económica se hará con dineros del tesoro público.

Las Farc cometen los crímenes, éstos quedan cubiertos por el manto de la impunidad, y los daños que causaron se reparan con los dineros públicos.

Lo que hasta ahora está sucediendo no invita al optimismo. Aún no está definido cuál será la manera para que el pueblo apruebe todo lo que se ha tramado en La Habana.

Es difícil que la Corte Constitucional declare la exequibilidad de la ley que crearía ese plebiscito especial. Por el contrario: hay motivos que justificarían la decisión contraria. 

 


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