Opinión / DIC 09 2019

Justicia y Congreso

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

En ese momento de convulsión que vive el país, nadie entiende como temas de controversia nacional se presentan y se debaten en el Congreso como si no existiera una reacción nacional por el cambio en algunas políticas públicas, y que los ciudadanos se están pronunciando no solo contra el ejecutivo nacional, sino sobre el Congreso y la justicia colombiana.

Cuando se habla de lucha contra la corrupción, se dice no estar de acuerdo con una reforma tributaria, que la justicia no está dando tranquilidad y seguridad jurídica en lo atinente a su acción y se respira impunidad frente a actores que están violando la ley —o cumpliéndola como dirían los penalistas—; que los resultados de las pruebas Pisa nos alejan de la posibilidad de que nuestros jóvenes en el mundo de hoy puedan competir en igualdad de condiciones con otros de latitudes diferentes, o sea hacer posible sus proyectos de vida, parece que todos andan en contravía de lo que la razón dicta.

Presentar un proyecto para establecer una doble instancia que no existía, colocarle el nombre de un preso, decirle al país que las condenas de hace dos décadas a servidores públicos podrán ser revisadas, solo genera la mera expectativa una reacción normal del ciudadano de a pie, al que solo le huele a impunidad y legisla para unos pocos. Y si en la mitad está que muchas son las denuncias corrupción y pocas las condenas no queda bien parado el actual de Congreso, legislando para revisar las condenas de más altos exfuncionarios del Estado colombiano.

Y qué decir de una reforma tributaria que como todas es odiosa para los contribuyentes. Veamos dos antecedentes: El primero es el reconocimiento de tirios y troyanos sobre que la corrupción en el país se lleva más de 30 billones de pesos al año, lo que requeriría efectiva de la acción de la función pública eficiente para recuperar estos dineros e invertirlos en debida forma; y el segundo, el porcentaje de las tarifas de energía que nos cobran, y que me gustaría que alguien nos explicara, en cada recibo de energía de los colombianos cuanto pagamos, y que según el Estado son para recuperar el mal manejo de las inversiones de Electricaribe que pagaremos de nuestro bolsillo todos los colombianos. Y después se quejan de la distancia que se abre entre las instituciones y el ciudadano.

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