Opinión / MAY 15 2016

La demanda de Montealegre

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Durante su ejercicio como Fiscal General de la Nación, Montealegre se dedicó a muchas cosas, todas ajenas a sus deberes y obligaciones. Basta un ligero recuento de sus actividades para demostrar la verdad de esta afirmación.

En primer lugar, se inventó una reforma de la Fiscalía que produjo un aumento exagerado de la burocracia, como ya lo he comentado en alguna de estas notas.

Y ya de salida presentó una demanda ante la Corte Constitucional, a fin de que ésta declarara que el resultado de las tertulias de La Habana es un tratado, y lo declarara constitucional. Inexplicablemente, la Corte, en lugar de rechazar de plano el esperpento, aceptó  estudiarlo. No hay duda de que se cometió un error imperdonable.

Uno de los principios fundamentales  del derecho procesal, es el de la sujeción a la competencia. El artículo 6º de la Constitución es suficientemente claro: “Los particulares sólo son responsables por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” (Negrilla, fuera del texto).Principio que ratifica el artículo 29, al ordenar que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.”

La Corte Constitucional, en lo relativo a su competencia, se rige exclusivamente por el artículo 241 que enumera taxativamente sus funciones. El inciso primero no admite duda: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones:…”

Basta leer los once numerales del citado artículo, para entender cómo el acuerdo que se firme en La Habana entre los representantes del grupo criminal de las Farc y el gobierno, no tiene porqué ser examinado por la Corte.

Si en la demanda se pretende la aplicación del numeral 10 del artículo 241, su autor no puede estar más equivocado. Esta norma faculta a la Corte para decidir definitivamente sobre “la exequibilidad de los tratados internacionales.” ¿Podrá, acaso, aplicarse por analogía? No, por las siguientes razones.

Es absurdo sostener que el Acuerdo de La Habana es un tratado internacional, que solamente se celebra entre Estados. Nadie les ha reconocido a las Farc la condición de Estado, sencillamente porque no la tienen ni podrían tenerla.

Para que pueda hablarse de Estado se requieren estos elementos:

Una población; un territorio delimitado; leyes que regulen la vida en ese territorio; gobierno; soberanía interna y soberanía externa.

¿Tienen las Farc una población sometida a ellas? No: es imposible confundir la intimidación que causa la extorsión, con el ejercicio racional de la autoridad.

¿Tienen un territorio delimitado? No, son cuadrillas de delincuentes siempre en movimiento, en busca de oportunidades para la comisión de los delitos que son su ocupación habitual.

¿Tienen leyes? No. Mal podrían tenerse por tales las consignas que en algunas ocasiones han impartido a sus cuadrillas sobre maneras de extorsionar a la población, sobre el narcotráfico,  sobre el secuestro, o en relación con cualquiera otra de sus actividades criminales.

Es evidente que el terrorismo al cual se dedican no tiene relación ninguna con la actividad de gobernar.

¿Existe algún Estado que les reconozca su soberanía interna o externa? No. 

De otra parte, no es posible hablar de una aplicación analógica del numeral 10 del artículo 241. Si se aceptara esa aplicación, se violaría esta norma y se abriría una verdadera caja de Pandora, lo que traería consecuencias catastróficas.

Es evidente que la Corte, al admitir la demanda de Montealegre, se ha extralimitado en sus funciones. Solamente un mal chiste.

Esta es la única manera de considerar el hecho de que el presidente de una nación reconocida como una de las más corruptas del mundo, vaya a Londres a pronunciar un discurso contra la corrupción.  

Hace el ridículo,  y se expone a que alguno le pregunte a qué se ha dedicado durante seis años, en que ha tenido en sus manos un poder casi absoluto.

Definitivamente, como decía un gracioso, en   Colombia tenemos una lora cebada…  

Es evidente que la Corte, al admitir la demanda de Montealegre, se ha extralimitado en sus funciones.

 


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