Opinión / MAR 28 2020

La reconfiguración cooptada del Estado

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Esta forma de ‘captura del Estado’ lo deslegitima por completo y, con ello, debilita la calidad de la democracia mediante la captura instrumental de los partidos que aparece ‘como un mecanismo poroso mediante el cual pueden penetrar el Estado para ponerlo al servicio de sus intereses’.

Por convocatoria especial del Colectivo de abogados José Alvear, Cajar, que tan destacado papel ha jugado en el esclarecimiento de la multidimensional trama criminal contra  el liderazgo social, el deterioro del medio ambiente, la corrupción pública, al lado de lo cual se destacan sus eficaces contribuciones a la solución política del conflicto interno armado y su apoyo a los derechos humanos de las víctimas —desplazados y desaparecidos—, recientemente se llevó a cabo un foro académico con investigadores y expertos de la talla de Luis Jorge Garay y eminentes pares científicos de la región, así como analistas políticos en el que exploramos y procuramos dilucidar los intríngulis de la  progresiva cooptación de las instituciones políticas por el sistema corporativo local y multinacional.

Este fenómeno —que es principalmente de naturaleza económica— es el resultado de fuertes asimetrías de poder que se vienen acentuando merced al uso de instrumentos y redes de influencia sobre el Estado para lograr ventajas y privilegios que la creciente debilidad del aparato societal como la actitud de indiferencia ciudadana, permiten avanzar sin control ni rechazo alguno, con lo cual se abre paso la captura corporativa del Estado vía la corrupción práctica ‘al granel’ o en enteras franjas institucionales que, incluso con la untuosa etiqueta de ‘mermelada’, llegan a tener nombre propio en cabeza de poderosos gamonales políticos que así, de forma inescrupulosa, se apropian de espacios estatales para asegurar su eterna y, en muchos casos, inmerecida reelección y el incremento de su capital corporativo legal e irregular.

El creciente poder económico alcanzado tanto por corporaciones y grupos legales como ilegales —estos muchas veces con más poder financiero por sus nexos con el narcotráfico, el contrabando, las economías ilegales generadas por la guerra armada y el mercado de psicoactivos, el juego del chance y los casinos en los centros urbanos generalmente todo está ligado — les permite generar mayores niveles de corrupción mediante sobornos de alta cuantía: “Cuando se agudiza la penetración de las mafias en la dinámica de la corrupción pública en el Estado, el soborno económico deja de ser la figura exclusiva o el mecanismo de persuasión”; el beneficio rentable no será ya el único objetivo perseguido.  

En ese escenario surgen modelos de corrupción mucho más sofisticados y complejos de dominación: los agentes privados influyen en los procesos de formulación de reformas constitucionales  —por su diseño y finalidad técnicamente denominadas ‘reconfiguración cooptada del Estado’—, leyes, normas, decretos, sistemas de regulación y control social y financiero cuya expedición como políticas públicas se facilita por la presión mediática y la manipulación del sistema electoral que se inicia en los territorios y localidades a través de la cooptación de líderes en las comunas, cabildos y concejos, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones, hasta alcanzar la cúspide de los poderes Ejecutivo y Legislativo —e incluso Judicial—. Y como ahora se ha señalado —en la ‘Ñeñepolítica’— los fraudes electorales a través de la compra de votos, con lo cual, p.ej., el cavernario Centro Democrático https://caracol.com.co/radio/2020/03/12/judicial/1584040697_916795.html derrotó al brillante candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, quien en su valiente y austera campaña obtuvo ocho millones de votos.

Dicha cooptación muchas veces no solo es de naturaleza económica, sino política, social o moral y religiosa, incluso de índole más cruel como el asesinato o el secuestro que, de hecho, suelen ser más persuasivos y efectivos en el corto y mediano plazos.

Desde luego, el sistema corporativo y sus élites apelan a expedientes menos dolorosos que, sin embargo, suelen tener un efecto de control social perverso como el de conferir empleos precarios a destajo lo cual, en épocas preelectorales, constituye un factor de presión casi ineludible en la ‘compra de conciencias’, como lo ha denunciado la excongresista barranquillera Aída Merlano de los principales actores de la política tradicional del Atlántico y ha ocurrido con la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su sucesor Carlos Mario Álvarez Morales.

Por  cierto, ambas fichas apadrinadas por Emilio Valencia Díaz, pionero de las casas chanceras en el Eje Cafetero y dueño de un enorme capital simbólico negativo —para Pierre Bourdieu, el célebre sociólogo francés, por capital simbólico positivo se entiende ciertas propiedades que parecen inherentes a la persona misma, como la autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la honorabilidad, el buen gusto, etc —. 

No obstante su inquietante patrimonio moral, es el jefe del partido Liberal en el Quindío —próximo delegado a la convención nacional del partido del expresidente César Gaviria—. Su hija Luz Piedad y sus ahijados políticos están encarcelados por un entramado de corrupción que se robó los recursos públicos de la Valorización de Armenia https://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-se-robo-recursos-de-armenia/566116.

Esta forma de ‘captura del Estado’ lo deslegitima por completo y, con ello, debilita la calidad de la democracia mediante la captura instrumental de los partidos que aparece ‘como un mecanismo poroso mediante el cual pueden penetrar el Estado para ponerlo al servicio de sus intereses’.

 


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