Opinión / JUN 04 2020

Quién protege las finanzas del país

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Observando la ampliación del confinamiento o cuarentena, más que tranquilidad es preocupación y alarma. No hay que perder más tiempo, revisar con cabeza fría las medidas económicas y valorar cómo quedará la estabilidad financiera del país a futuro. Se percibe solapadamente una especie de anestesia dada a la sociedad civil, a un ritmo de paso lento, corazón bondadoso y mano suelta a unos, sin importar los daños en vidas humanas, económicos a diversos sectores, facilitando apoyos preferenciales a empresarios, quizás solventes, que presionan fuerte para la apertura comercial y no perder los dineros en inversiones realizadas. Demuestra en silencio el gobierno su lento interés en la población afligida, microempresarios preocupados  por el no apoyo directo, sino por intermediarios.

Colombia es un Estado social de derecho, donde las ayudas en subsidios para momentos críticos son válidas, como las son para los adultos mayores por ser personas necesitadas, otros subsidios transitorios válidos que deben tener tiempo máximo o limitado, pero no esos que no tienen razón alguna para que el gobierno no los quiera eliminar. Estos subsidios ilimitados, más temprano que tarde, los tendrán que acabar, pues el mundo económico vive duros instantes que tardarán su recuperación, obligando a actuar inmediatamente para ajustar las finanzas y no forzar en corto tiempo un desastre económico al país, que pagarían 50 millones de ciudadanos para sostener a unos pocos.

Al no ajustar las reformas urgentes se percibe negligencia y temor de divulgar la situación financiera del país. Las exportaciones cayeron un 52 %; hubo disminución en ingresos por petróleo, regalías, turismo, remesas y otras, complicando más la crisis financiera y en especial por la demanda ante la Corte Constitucional del estatuto tributario —decreto 624 de 1989—. Sin embargo, a pesar de la difícil situación se percibe el querer y seguir sosteniendo unos gastos billonarios, ‘fingidamente comprometidos’ aunque pierda el país, para proteger a unos sin importar el daño que dejará a futuro a las finanzas de la nación.

Al no aprovechar la urgencia financiera del país para sacar la reforma estructural, muestra el gobierno preferencia y agrado al modelo cuestionado, neoliberalismo económico, ejemplo, salud y pensiones, dando prioridad y protección ‘disimulada’ a unas empresas de crisis futuras, dejando confusión en las gestiones, la calidad y eficiencia de unos asesores, pues la emergencia como argumento principal y las herramientas jurídicas existentes, son para actuar como presidente protegiendo las finanzas del país y no para aplazar soluciones, efecto que ya se ve al mes de abril con 5.3 millones de colombianos sin empleo y sin poder frenar ese crecimiento diario de personas infectadas.

Entre más se dilate la reforma estructural a las finanzas, el costo de ella, más lo que se roban, lo asumirá el pueblo, siendo triste la figura de líderes que, conociendo la limitación de recursos, no construyan un proyecto de reestructuración fiscal diferente a una reforma tributaria. Pero sí existen proyectos políticos lejos de la realidad que vive el país. Con manos sueltas, no se estabiliza jamás una nación.


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