Opinión / ABR 03 2020

Resistiremos

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Hace pocos días me contuve de comentar una columna de Jorge Eduardo Urrea, quien expresa que los artistas y los gestores culturales podríamos ser, en esta crisis, especie de mendigos del Estado y que, como lo reitera la derecha recalcitrante frente a los derechos ciudadanos, queremos todo regalado. No lo hice porque la idea de ese columnista, propia del más enconado neoliberalismo, es típica por estos lares. 

Como si el gobierno quisiera darle la razón a quienes aún creen que la cultura es actividad accesoria, el ministerio de Cultura, inmerso en la humareda burocrática de su fracasada economía naranja, expidió el decreto 475 del 25 de marzo de 2020, que destina $120 mil millones para el sector.

Existen sectores que, por su debilidad, reciben de frente el impacto de la recesión económica. Los informales del país, y allí están los artistas y gestores, no tienen manera de generar recursos propios y están por fuera del circuito económico regular. Un músico o un actor en el Amazonas —en el Quindío— está desprotegido frente a las restricciones de contratación del Estado y del sector privado.

Existe la necesidad de vislumbrar esas franjas poblacionales que, por su ocupación y lugar dentro de la sociedad, sí requieren una discriminación positiva y un tratamiento especial, toda vez que son comunidades en abandono presupuestal, histórico, por parte de las entidades territoriales. 

El sector cultural en Colombia ha sido marginal porque avanzamos a paso de tortuga, a veces de cangrejo, en la asignación sugerida por la Unesco, que no es más allá del 3 % de los presupuestos globales. El departamento del Quindío, en las mejores épocas, no ha llegado al 1.5 %, hecho contrario en las ciudades que más destinan para cultura como Bogotá, Medellín y Barranquilla.

En Colombia, ahora, quedamos al desnudo con esta crisis. El sector salud es maltratado por la ley 100, porque los servidores —los que ahora llaman héroes, qué tal la ironía— no tienen rango en las nóminas, y son contratados por terceros. En la cultura casi todos son agentes excluidos, vinculados a ese 60 % de informalidad tasada por la Organización Internacional del Trabajo para Colombia.

La ley 475 fue diseñada para los empresarios de eventos culturales y espectáculos, como ocurre con los créditos normales avalados en los bancos por la política de la economía naranja. Solo beneficia a los productores con grandes recursos en las capitales. La agilización de los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, con la destinación del 20 % que ya estaba en las estampillas procultura para seguridad social, a casi nadie beneficia y pocos saben qué es y a quién de verdad sirve.

Los artesanos, los músicos, los actores, los escritores, los artistas visuales, los gestores culturales, en fin, durante decenios, han sido ignorados por la prioridad del Estado y, muchas veces, tratados como bufones de las cortes burocráticas. 

Se ha probado que esta sociedad no sobrevive sin los médicos y enfermeras, menospreciados por el Estado y su ley 100. Y no resiste sana y cuerda sin el arte que hoy llega a nuestro confinamiento, en forma de canciones, de museos virtuales, de serenatas en los edificios, de series y películas, de creaciones que nos hacen llevadera la existencia. Como la canción Resistiré, que ahora circula en el universo hispano.

La medicina nos salva y el arte nos pone a salvo del vacío existencial: de la devastación propia de las crueldades humana y natural.

 


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